La ética pública ha vuelto a ocupar el centro de la escena política en la región. Con el objetivo de brindar «certeza» a la ciudadanía, tanto en el ámbito municipal de Villa Regina (Río Negro) como a nivel provincial en Neuquén, se han formalizado normativas que exigen a los funcionarios demostrar que no consumen sustancias psicoactivas ilegales.
El Concejo Deliberante de Regina aprobó este martes, por mayoría, una ordenanza que establece la realización de exámenes toxicológicos anuales. La iniciativa, impulsada por la concejal Nadia Ilundayn, alcanzó un amplio consenso, siendo rechazada únicamente por la concejal María Eugenia Paillapi (ARI).
La medida no solo alcanza a quienes ya están en funciones, sino también a los candidatos proclamados antes de su asunción. El espectro de obligatoriedad es amplio:
- Poder Ejecutivo: Intendente, secretarios y personal de planta política.
- Poder Legislativo: Concejales.
- Órganos de Control: Integrantes del Tribunal de Cuentas.
«Buscamos darle seguridad al vecino de que el narcotráfico no está entre sus representantes», explicó Ilundayn, subrayando que la norma no tiene un carácter punitivo, sino preventivo y de transparencia.
Mientras Regina celebraba su sesión, el gobierno de la Provincia del Neuquén dio un paso definitivo al reglamentar la Ley 3531. A través de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, los exámenes toxicológicos pasan a ser un requisito obligatorio para la permanencia en cargos públicos de alto rango.
Puntos clave de la reglamentación neuquina:
- Marco Legal: Se apoya en el artículo 153 de la Constitución Provincial, que exige eficacia y ética en la administración.
- Procedimiento: La norma resguarda el debido proceso administrativo ante posibles casos positivos, garantizando el derecho a la defensa.
- Institucionalidad: Fue elaborada en conjunto por las áreas de Recursos Humanos, Salud, Economía y la Fiscalía de Estado.
El decreto fue refrendado por los ministros Martín Regueiro (Salud) y Guillermo Koenig (Economía), consolidando una política de Estado que apunta a la «profesionalización y confiabilidad» de las instituciones neuquinas.
Ambas jurisdicciones coinciden en un punto fundamental: el funcionario público debe gozar de plena lucidez e idoneidad para la toma de decisiones. Lo que antes era una sugerencia o una cuestión de ética personal, hoy se transforma en una obligación administrativa y legal que busca blindar al Estado frente al avance de las adicciones y el crimen organizado.
Con la publicación en el Boletín Oficial en Neuquén y la aprobación legislativa en Regina, la región se posiciona a la vanguardia de los controles de integridad en la gestión pública.
En importante resaltar que en la capital rionegrina (Viedma), la concejal liberal libertaria, Ivi Franco, presentó un proyecto de ordenanza que obliga a los funcionarios a realizarse estudios médicos para descartar el consumo de drogas.
