El sistema penitenciario argentino atraviesa un cambio de paradigma histórico. Tras décadas en las que los internos bajo el Servicio Penitenciario Federal (SPF) percibían haberes equiparados por ley a los de un trabajador en libertad (incluyendo beneficios como vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), la nueva reforma laboral y una serie de resoluciones del Ministerio de Seguridad han puesto punto final a estos beneficios.
La medida, impulsada fuertemente por la ex ministra de Seguridad y hoy senadora nacional, Patricia Bullrich, bajo el lema «Ocio Cero», apunta a revertir una situación que generaba una profunda indignación social: que un detenido pudiera percibir ingresos superiores a los de un jubilado mínima o un trabajador informal sin cumplir una jornada laboral efectiva.
Hasta hace poco, el sistema permitía que miles de internos cobraran un “incentivo económico” simplemente por estar a disposición, incluso sin realizar tareas productivas. Con la nueva normativa, el pago queda estrictamente ligado a la labor realizada. «El que no trabaja, no cobra», ha sido la premisa oficial para justificar la quita de estos beneficios que, según el Gobierno, habían «tergiversado» la finalidad de la reinserción social para convertirse en un subsidio estatal.
La reforma impacta directamente en tres ejes que igualaban el estatus del preso con el del trabajador registrado:
- Vacaciones Pagas: Se elimina el concepto de «licencia ordinaria» remunerada dentro de los penales. El descanso ya no será compensado económicamente, entendiendo que la relación laboral en contexto de encierro no es de naturaleza privada sino de tratamiento penitenciario.
- Seguros y ART: La reforma laboral excluye explícitamente a los detenidos de los regímenes convencionales de ART. Si bien el Estado mantiene la responsabilidad sobre la integridad física de los internos, ya no se aplicarán las mismas alícuotas ni los beneficios indemnizatorios del sistema laboral general.
- Desvinculación del Salario Mínimo: El monto percibido por los presos dejará de tomar como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El SPF ahora tiene la potestad de fijar montos menores, destinados únicamente a quienes cumplan con planes de trabajo y formación profesional.
Sectores de la oposición y organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación. Argumentan que el peculio no es un privilegio, sino un derecho que permite a los internos ayudar económicamente a sus familias en el exterior y costear elementos básicos de higiene, además de funcionar como un incentivo para la paz social dentro de los pabellones.
El objetivo final del Gobierno es que los penales se conviertan en unidades productivas autosustentables donde los presos realicen tareas de mantenimiento, limpieza y fabricación de bienes para el Estado. Con la reforma laboral ya en marcha, el mensaje es claro: el trabajo en las cárceles deja de ser un derecho con beneficios sindicales para transformarse en una obligación.