La opinión pública de Comodoro Rivadavia y la región se encuentra en estado de alerta tras las versiones que vinculan al diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Pablo Luque, con la supuesta designación en un cargo público de la psicóloga Jennifer Díaz. Díaz es una de las figuras centrales en la cadena de responsabilidades del “Caso Ángel”, la tragedia que terminó con la vida de un menor tras un proceso de revinculación familiar fallido.
El niño falleció tras ser restituido a su madre y su padrastro, una decisión judicial que se basó en informes técnicos que hoy están bajo la lupa. Entre esos documentos, el rol de la Licenciada Jennifer Díaz es señalado como determinante: ella fue quien avaló la idoneidad del entorno familiar donde, poco tiempo después, ocurrió el desenlace fatal.
Actualmente, la profesional se encuentra bajo un fuerte repudio social e incluso habría solicitado custodia policial tras recibir amenazas en su domicilio particular.
La controversia dio un salto de la página judicial a la política cuando trascendió (gracias a un informe realizado por la periodista Karina Ann) que Díaz habría sido designada o contratada bajo la estructura del diputado nacional Juan Pablo Luque cuando era intendente. Según fuentes cercanas al entorno legislativo, se investiga si la profesional percibe haberes de una partida presupuestaria vinculada a la vocalía o despacho del exintendente de Comodoro Rivadavia.
De confirmarse, la situación colocaría a Luque en una posición incómoda:
- Falta de idoneidad: Se cuestiona que un funcionario público brinde respaldo o contratación a una profesional cuya negligencia técnica está siendo investigada en un caso de homicidio infantil.
- Costo político: La sociedad civil exige que los cargos públicos no funcionen como «refugios» para figuras cuestionadas por el sistema judicial.
El «Caso Ángel» no solo ha desnudado las fallas del sistema de protección de menores, sino que ahora amenaza con abrir una grieta en la credibilidad de la dirigencia política regional si se comprueba que el clientelismo o el amiguismo prevalecieron sobre la ética profesional en una situación de extrema vulnerabilidad social.