Luego que el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la polémica modificación de la Ordenanza N° 8843, que contó con el contundente rechazo de la concejal de La Libertad Avanza, Ivi Franco, La municipalidad de Viedma impone un ultimátum a los vecinos con exigencias burocráticas e inspecciones que terminarán ahogando la oferta turística de Viedma y El Cóndor.
La Municipalidad de Viedma lanzó una convocatoria obligatoria para que todos los propietarios y gestores de casas y departamentos destinados al alquiler turístico por día formalicen su actividad. La medida, aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante con la única oposición de la concejal libertaria Ivi Franco, fijó como fecha límite el próximo 30 de noviembre de 2026.
A partir de esa fecha, la Subsecretaría de Turismo dará paso a un despliegue de inspecciones de rutina que pone en alerta al sector. Los propietarios que no logren completar el trámite a tiempo quedarán a merced del Juzgado Administrativo de Faltas, expuestos a severas sanciones que van desde el apercibimiento, la inhabilitación y la clausura, hasta asfixiantes multas de hasta $800.000.
Una catarata de exigencias burocráticas
Aunque el municipio promociona la gestión como un «trámite gratuito», las exigencias técnicas y administrativas imponen un alto costo indirecto para los vecinos que buscan un ingreso extra mediante el turismo. Para quedar en regla, la normativa exige presentar:
- Documentación personal y del inmueble: DNI, título de propiedad o autorización de uso, y plano, croquis o final de obra.
- Situación fiscal: Facturación o constancia de inscripción en ARCA.
- Certificaciones privadas obligatorias: Informes de aptitud de las instalaciones de gas y electricidad firmados por profesionales matriculados.
- Cobertura bancaria/aseguradora: Seguro integral de responsabilidad civil.
El trámite debe realizarse presencialmente en la Subsecretaría de Turismo (Ricardo Balbín 930), de lunes a viernes en el acotado horario de 8:00 a 14:00.
¿Regulación necesaria o afán recaudatorio?
La medida genera un intenso debate en la comunidad viedmense y en la villa marítima de El Cóndor:
De un lado, quienes defienden la ordenanza argumentan que la regulación busca formalizar la oferta turística, garantizar la seguridad de los visitantes mediante controles técnicos y nivelar las condiciones frente a la hotelería tradicional.
Del otro lado, las voces críticas advierten que el endurecimiento de controles y las multas millonarias no hacen más que castigar al pequeño emprendedor y a las familias que dependen del alquiler por día para llegar a fin de mes. Alertan, además, que el exceso de trabas podría provocar el cierre de unidades o el encarecimiento de los precios, restando competitividad turística a la zona.
Con el reloj corriendo hacia el 30 de noviembre, la incertidumbre crece entre los propietarios: ¿Se trata de un avance en la calidad turística o de una nueva trampa recaudadora que ahogará a los pequeños prestadores?