El sistema de salud para los empleados públicos de Río Negro atraviesa un momento de debate clave en la Legislatura provincial. Las legisladoras Martina Lacour (PRO) y Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) presentaron formalmente un proyecto de ley que tiene como objetivo central garantizar la libre elección de obra social para todos los trabajadores del Estado rionegrino.
La propuesta busca modificar la Ley K nº 2753 (Ley Orgánica del IPROSS) para poner fin a lo que las autoras denominan una «población cautiva». De sancionarse, el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) dejaría de tener el monopolio de los aportes de los empleados públicos, quienes tendrían la libertad de optar por obras sociales sindicales o empresas de medicina prepaga.
No es la primera vez que este debate llega al recinto. Un proyecto similar (el 447/24) había perdido estado parlamentario el año pasado tras no lograr avances significativos. Sin embargo, el contexto nacional ha cambiado: la desregulación impulsada por el Gobierno Nacional a través del DNU 70/2023 ha servido de antecedente para que las legisladoras insistan en que el derecho a elegir la cobertura médica es «individual e inalienable».
Los fundamentos del proyecto señalan los «problemas crónicos» que enfrenta el IPROSS, tales como:
- Inestabilidad financiera y deudas acumuladas.
- Demoras excesivas en la provisión de prestaciones y prótesis.
- Conflictos recurrentes con los prestadores de salud que derivan en cortes de servicio.
- Cobro indebido de «plus» médico, que afecta el bolsillo del afiliado.
Según el texto de la iniciativa, permitir la libre elección no busca debilitar a la obra social estatal, sino todo lo contrario. «La posibilidad de optar libremente puede contribuir al fortalecimiento del sistema público provincial», sostienen las legisladoras.
El argumento principal es que, al perder la exclusividad de los afiliados, el IPROSS se verá obligado a mejorar su gestión, aumentar su transparencia y ofrecer servicios de mayor calidad para retener a sus beneficiarios frente a la competencia del mercado privado.
De prosperar la ley, el IPROSS pasaría a brindar cobertura exclusivamente a quienes decidan adherirse de forma voluntaria. Esto representaría un cambio de paradigma en la administración pública provincial, alineándose con las normativas nacionales de libre elección que ya rigen para la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.
El proyecto ahora deberá ser analizado en las comisiones correspondientes de la Legislatura, donde se espera un intenso debate entre las fuerzas políticas y los gremios estatales sobre el impacto financiero que esta medida tendría en la principal obra social de la provincia.