La situación dentro del Penal N° 4 de General Roca se vuelve insostenible. El pasado 28 de mayo, se formalizó una denuncia contra su director, Pedro Aedo, ante la División de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Provincial, buscando poner freno a lo que se describe como una serie de prácticas abusivas y arbitrarias que vulneran gravemente los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.
La presentación legal, patrocinada por el abogado Walter Carrasco en representación del interno Rubén Ángel Muñoz, detalla un escenario alarmante. Según el escrito, Muñoz habría sido víctima de un régimen de encierro diferenciado y castigador desde el inicio de su estadía, incluyendo restricciones ilegítimas, condiciones de detención agravadas indebidamente y una falta sistemática de atención médica adecuada.
El documento sostiene que estas medidas se habrían aplicado sin la existencia de expedientes disciplinarios ni actos administrativos debidamente fundados, lo cual constituiría, según los denunciantes, una «flagrante violación a los deberes de funcionario público» y un «abuso de autoridad» incompatible con la función penitenciaria.
Es importante destacar que esta presentación ante Asuntos Internos no es un hecho aislado. El 18 de mayo de 2026, ya se había radicado una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Río Negro contra el mismo funcionario, bajo la presunción de los delitos tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal.
En ambas instancias, el pedido es claro: la investigación urgente de los hechos y la separación preventiva del cargo de Pedro Aedo, con el fin de salvaguardar la legalidad, la transparencia institucional y, fundamentalmente, la integridad de los derechos humanos dentro del penal.
El caso pone bajo la lupa no solo a Aedo, sino también a la conducción del Servicio Penitenciario Provincial. La ciudadanía y los organismos de derechos humanos mantienen la expectativa sobre qué pasos seguirá el Director General, Cristian Villagra.
¿Se tomarán medidas correctivas de fondo para sanear la institución, o la jerarquía del sistema penitenciario continuará ignorando las denuncias por abuso de autoridad y maltrato?
En un Estado de derecho, ningún funcionario puede actuar por encima de la ley. La transparencia y el control interno no son opcionales; son pilares fundamentales para evitar que las cárceles se conviertan en espacios donde el abuso y la impunidad prevalezcan sobre la justicia. La respuesta de las autoridades ante este escenario será, sin duda, una prueba de fuego para la integridad del sistema carcelario provincial.