La Justicia federal cordobesa marcó un hito en el ámbito sanitario y jurídico nacional. En un fallo de alta relevancia, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba determinó que existe una relación causal directa entre la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años que falleció en julio de 2021.
La joven presentó un cuadro de trombocitopenia trombótica inducida por vacuna (VITT), un evento adverso extremadamente infrecuente pero grave, caracterizado por la formación de coágulos sanguíneos y una caída abrupta en los niveles de plaquetas.
El tribunal, tras analizar las pruebas presentadas, descartó otras patologías preexistentes o causas externas que pudieran explicar el desenlace fatal. Los magistrados subrayaron que, para este tipo de casos, no es necesario contar con una «certeza absoluta» (que suele ser imposible en el ámbito médico-científico), sino que debe primar la «preponderancia de la evidencia». Bajo este criterio, el fallo sostiene que los informes hematológicos y periciales brindaron sustento suficiente para vincular directamente la inoculación con el cuadro clínico que derivó en el fallecimiento.
Uno de los puntos más críticos de la sentencia es el cuestionamiento a la postura inicial del Estado Nacional. En su momento, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) había clasificado el evento como «Indeterminado B1», lo que sirvió de base para que el Estado rechazara inicialmente los pedidos de indemnización de la familia.
Este fallo, que sienta un precedente inédito en la Argentina respecto a la responsabilidad del Estado por daños derivados de la campaña de vacunación contra el Covid-19, ordena el inicio del proceso indemnizatorio. Según trascendió, el monto establecido por la justicia, sujeto a las instancias de apelación pertinentes, rondaría los 95 millones de pesos.
La resolución abre ahora un debate sobre los protocolos de vigilancia epidemiológica y la respuesta administrativa del Estado ante eventos adversos graves, marcando un precedente que podría influir en futuras actuaciones judiciales vinculadas a la salud pública y la responsabilidad civil del Estado.