El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ha puesto en marcha una de las discusiones políticas y económicas más complejas de su gestión: la reforma de la Ley 1946 de coparticipación municipal. Bajo el argumento de actualizar un sistema basado en datos poblacionales de 1991 y criterios de recaudación de finales de los 80´s, la propuesta oficial ha encendido las alarmas en el eje atlántico de la provincia, especialmente en la capital.
Según las proyecciones técnicas que trascendieron tras el encuentro de intendentes en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, Viedma perdería aproximadamente 2.389 millones de pesos anuales (casi 2.500 millones de pesos) bajo el nuevo esquema. Esta cifra no es menor: representa cerca del 10% de los ingresos totales que la ciudad percibe por este concepto, lo que obligaría a una reestructuración profunda del presupuesto municipal.
El nuevo índice propuesto por el Ministerio de Hacienda, que incorpora los datos del Censo 2022 y nuevos parámetros de eficiencia recaudatoria, desplaza los recursos hacia zonas con mayor dinamismo demográfico y económico.
Mientras Viedma encabeza la lista de los 25 municipios que verían reducidos sus fondos, otras localidades celebran el cambio. Cipolletti, Villa Regina y General Fernández Oro se perfilan como los grandes ganadores, con incrementos millonarios que fortalecen el peso presupuestario del Alto Valle. Asimismo, el polo andino con Bariloche a la cabeza también registraría un crecimiento en sus remesas provinciales.
El intendente de Viedma afirmó: «No estamos dentro del universo de municipios que mejoran sus índices». El gobernador Weretilneck ha enfatizado que esta «no será una decisión unilateral» y que el objetivo es alcanzar un consenso hacia finales de marzo. Sin embargo, el malestar en el corredor atlántico (donde también perderían fondos Sierra Grande, San Antonio Oeste y Río Colorado) marca un inicio de negociaciones tenso.
La pulseada política ahora se traslada a mesas técnicas regionales, donde los jefes comunales intentarán negociar compensaciones que garanticen que, en el afán de lograr un sistema más «justo», ninguna ciudad vea resentida su capacidad de prestar servicios básicos a sus vecinos.