Este martes, la Argentina fue escenario de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La movilización, que tuvo su epicentro en una Plaza de Mayo colmada y réplicas en centros urbanos como Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, puso de manifiesto la profunda brecha entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo respecto a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N° 27.795).
Bajo la consigna «Cumplan con la ley, no hipotequen el futuro», el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes y federaciones estudiantiles, leyó un documento conjunto en el que denunciaron una situación crítica. Los puntos centrales del reclamo fueron:
- Incumplimiento legal y judicial: Las autoridades universitarias subrayan que la Ley de Financiamiento fue sancionada, vetada, ratificada por el Congreso y posteriormente avalada por la Justicia. Acusan al Ejecutivo de ignorar fallos judiciales que ordenan la recomposición de fondos.
- Pérdida del poder adquisitivo: Según datos difundidos por los rectores, el personal docente y no docente ha sufrido una pérdida salarial superior al 45% desde 2023. Afirman que el 70% de los trabajadores del sector percibe ingresos por debajo de la canasta básica.
- Riesgo de funcionamiento: Advirtieron que la caída real del presupuesto afecta no solo los salarios, sino también la investigación científica, el mantenimiento de infraestructura y el pago de becas (como las Progresar, que denuncian congeladas en montos «irrisorios»).
- Movilidad social: Franco Bartolacci, presidente del CIN, enfatizó que defender la universidad pública es defender «la posibilidad de que los hijos de los trabajadores lleguen a ser profesionales», definiendo al sistema como un pilar de la democracia y el desarrollo nacional.
Desde la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, donde el presidente Javier Milei siguió el desarrollo de la jornada, la respuesta se centró en cuestionar la naturaleza de la protesta y la gestión de los fondos. Los argumentos oficiales sostienen:
- Transparencia y auditorías: El Gobierno insiste en que las universidades nacionales deben someterse a controles más estrictos sobre el uso de los recursos. Han señalado reiteradamente la necesidad de auditar los gastos para garantizar que el dinero llegue a las aulas y no a estructuras políticas.
- Cuestionamiento a la «politización»: Voceros oficiales criticaron la presencia de dirigentes opositores en las marchas, como el saludo de la ex presidenta Cristina Kirchner desde su balcón o la participación de referentes sindicales, argumentando que el reclamo legítimo de algunos sectores es «utilizado» con fines partidarios contra la administración nacional.
- Restricciones fiscales: El Ejecutivo mantiene su premisa de equilibrio fiscal estricto. Bajo la consigna de «dentro del presupuesto todo, fuera del presupuesto nada», sostienen que cualquier actualización debe estar alineada con las posibilidades del erario público y las metas de inflación, que para 2026 se estima en un 29% según el REM.
- Legitimidad vs. Metodología: Aunque reconocen que muchos manifestantes tienen preocupaciones genuinas, consideran que la presión a través de movilizaciones masivas no debe sobrepasar la autoridad del Ejecutivo para administrar las partidas presupuestarias.
La movilización ocurre en un momento clave de la disputa legal. Recientemente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a elevar el conflicto a la Corte Suprema de Justicia, otorgando un efecto suspensivo sobre las medidas cautelares que obligaban al Estado a transferir fondos de manera inmediata.
Mientras la justicia define el fondo de la cuestión, el conflicto universitario se mantiene como uno de los focos de mayor tensión social en el país, con las facultades advirtiendo que, de no mediar una solución salarial y presupuestaria, el inicio del segundo cuatrimestre se encuentra en serio riesgo.