El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió el martes nueva información sobre la situación de Juan Manuel Reverter, señalado como principal sospechoso por la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen, México, en 2023.
En ese comunicado, la agencia precisó que el argentino de 38 años quedó arrestado el 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón, durante un operativo conjunto con alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional . El mensaje oficial también incorporó datos sobre su situación en Estados Unidos, mientras el detenido espera su extradición a Quintana Roo
Según la información que ICE difundió en su cuenta de X, Reverter había ingresado legalmente al país en agosto de 2024 con una visa de turista que lo autorizaba a permanecer hasta seis meses, pero continuó en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado.
El comunicado no precisó si, al entrar a Estados Unidos, Reverter ya tenía una orden de captura dictada por la justicia mexicana, un punto que permanece sin aclaración oficial hasta el momento. ICE lo describió como un “inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato” en referencia directa al caso.
Tras la detención, la posibilidad de su traslado a Quintana Roo, estado mexicano donde tramita la causa por el asesinato de Jalabert, quedó atada a la evolución de los trámites migratorios y judiciales en Estados Unidos y México.
El peritaje independiente y los indicios que reforzaron la hipótesis de femicidio
Según el informe pericial de parte y la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la desconfianza de la familia de la víctima en la investigación oficial los llevó a impulsar un análisis forense independiente, cuyos resultados reforzaron la hipótesis de femicidio.
De acuerdo con las conclusiones firmadas por el perito médico legista de la querella, el documento acreditó la presencia de golpes, quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y lesiones que el profesional interpretó como signos de tortura y agresión sexual. “Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso”, dictaminó de forma categórica el experto en el peritaje incorporado al expediente de la causa.
Con esos antecedentes, la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo por presunta negligencia en la investigación. El escrito sostiene que “los funcionarios intervinientes hicieron todo lo contrario a lo que aconsejan los protocolos. Encontraron un cadáver y dos personas, no procediendo como ante un femicidio”.
