El juez federal Sebastián Ramos dictó el procesamiento de Juan Grabois por su participación en la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025. Además de la medida procesal, el magistrado trabó un embargo sobre los bienes del dirigente social por un total de 5.000.000 de pesos.
La causa, que también alcanza al militante Valentín Peralta (embargado por un millón de pesos), investiga los hechos sucedidos en la sede ubicada en la calle Austria, en el barrio porteño de Recoleta. En aquella ocasión, un grupo de exempleados y dirigentes políticos irrumpió en el establecimiento en señal de protesta contra el cierre del instituto, el despido de personal y una supuesta intención de venta del edificio.
Para fundamentar el procesamiento, el magistrado se basó en material fílmico que contradice dicha versión. Según consta en el expediente, las cámaras muestran al dirigente en el patio del bar lindero «Un Café con Perón» y, posteriormente, encabezando el grupo de manifestantes que ingresó al instituto tras forzar el acceso. Asimismo, el juez valoró publicaciones realizadas por Grabois en sus redes sociales convocando a «defender» el espacio.
Por tales motivos, se le imputaron los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en un proceso en el que el Ministerio de Capital Humano interviene como querellante, bajo la actuación del fiscal Carlos Rívolo.
Tras conocerse la decisión judicial, el frente Patria Grande calificó la medida como un «mamarracho jurídico» a través de un comunicado oficial. Desde el espacio político denunciaron una persecución y señalaron que no se dejarán «amedrentar por Milei y la mafia judicial», vinculando además este procesamiento con otras causas judiciales en curso en las que el dirigente ha tenido participación.
Los manifestantes involucrados en el hecho habían sido desalojados horas después del ingreso por efectivos de la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad, operativo durante el cual Grabois resultó detenido tras un forcejeo.