La actividad hidrocarburífera en la provincia de Santa Cruz se encuentra prácticamente detenida. El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), bajo la conducción de Rafael Güenchenén, decretó un paro general por tiempo indeterminado en todos los yacimientos del territorio, tras denunciar el despido de trabajadores y la caída de contratos ejecutados por la empresa contratista AESA.
El conflicto, que ha escalado en los últimos días, tiene como epicentro las áreas operadas por la firma Patagonia Resources. Según informaron desde la organización sindical, la medida de fuerza fue adoptada como respuesta a lo que calificaron como un «quiebre absoluto de la paz social».
El punto de mayor tensión radica en que las cesantías se produjeron mientras se encontraba vigente una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial. De acuerdo con el gremio, este mecanismo legal obliga a todas las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, lo que implica garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo y la continuidad operativa.
«Mientras esta organización sindical actuó con responsabilidad institucional y respeto por la legalidad, las empresas decidieron avanzar unilateralmente contra los trabajadores», señalaron desde el SIPGER en un duro comunicado. Los dirigentes gremiales enfatizaron que no existe posibilidad de sostener la paz social cuando las compañías responden con recortes laborales en medio de un proceso de negociación formal.
El pliego de condiciones exigido por el sindicato es claro y no admite medias tintas:
- Reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos.
- Restitución de las condiciones laborales previas al inicio del conflicto.
- Respeto absoluto a la conciliación obligatoria y al marco normativo vigente.
Desde la conducción del SIPGER han responsabilizado a las empresas por la profundización de la medida de fuerza, argumentando que las acciones de las contratistas ponen en riesgo no solo la estabilidad laboral de cientos de familias, sino también la producción y la inversión en la cuenca santacruceña.
Este nuevo conflicto se suma a las tensiones que el sector viene arrastrando durante los últimos meses, marcadas por la preocupación sindical ante la falta de inversiones, la inactividad de equipos y la reducción de contratos en diversas operadoras.
La situación añade, además, una cuota de presión política sobre la gestión provincial. En este contexto, el gremio ha advertido que mantendrán la paralización de las actividades en los accesos a los yacimientos hasta obtener respuestas concretas que garanticen la seguridad laboral de los trabajadores. Por el momento, no se vislumbra una pronta solución al conflicto, dejando al sector energético de Santa Cruz en un estado de total incertidumbre.