En un giro inesperado respecto a sus planes originales, el Gobierno Nacional decidió que la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para el próximo invierno continuará bajo la gestión de la empresa estatal Enarsa, postergando al menos hasta 2027 el objetivo de transferir esta operativa al sector privado.
La decisión se produce en un escenario de alta tensión en los mercados energéticos globales. La escalada del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ha disparado el precio spot del GNL a niveles críticos, alcanzando los USD 22 por millón de BTU, más del doble de los valores registrados apenas en febrero pasado.
Fuentes oficiales confirmaron que la determinación de mantener el control estatal responde a la necesidad de no convalidar sobrecostos excesivos en un momento de extrema volatilidad. A pesar de que compañías como Naturgy y Trafigura presentaron ofertas para hacerse cargo del suministro, la paridad entre las propuestas y la incertidumbre global llevaron a la Secretaría de Energía a optar por la vía estatal.
«No es momento de sumar costos innecesarios al sistema justo cuando Argentina está logrando reducir su dependencia del GNL», explicaron desde el Ejecutivo, aunque reiteraron que la visión de largo plazo sigue siendo la liberalización de este mercado para «transparentar los precios reales de la energía».
A pesar de que el país muestra un superávit energético récord (con un saldo positivo de USD 2.405 millones en el primer trimestre), la infraestructura actual aún obliga a importar gas durante los picos de frío estacional. Se estima que para cubrir la demanda de este año se requerirá el arribo de entre 20 y 24 buques de GNL.
El costo de abastecer la demanda residencial e industrial este invierno podría duplicarse respecto al año anterior debido a los precios internacionales. El petróleo Brent superando los USD 100 por barril y el gas en niveles máximos imponen una presión adicional sobre las reservas del Banco Central, en un contexto donde el país intenta consolidar su equilibrio fiscal.
Con este movimiento, el Estado asegura la previsibilidad del suministro para los meses más críticos, dejando para el próximo año el ambicioso plan de retiro de la intervención estatal en el mercado del gas licuado.