En un movimiento que redefine el tablero político de cara al segundo semestre, el Poder Ejecutivo nacional oficializó este miércoles 22 de abril el envío del proyecto de Reforma Electoral al Congreso de la Nación. El anuncio, realizado por el presidente Javier Milei durante el cierre de su gira oficial por Israel, marca el inicio de una de las discusiones institucionales más profundas de su gestión.
El paquete de leyes ingresará formalmente por la Cámara de Diputados y se apoya en tres ejes que prometen generar intensos debates en las comisiones:
El punto más ambicioso es la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Bajo la premisa de la austeridad fiscal, el Gobierno sostiene que las PASO se han convertido en una «encuesta cara» financiada por los contribuyentes y que los partidos deben resolver sus internas de manera autónoma y sin erogación de fondos públicos.
El proyecto retoma el reclamo de diversos sectores civiles para establecer la prohibición de candidaturas para aquellas personas que cuenten con condenas por delitos de corrupción. Esta medida busca elevar los estándares de transparencia en el acceso a cargos electivos, aunque se prevé que sectores de la oposición cuestionen los alcances legales sobre las condenas no firmes.
La reforma propone un cambio de paradigma en la logística electoral: eliminar el aporte estatal para las campañas políticas. De aprobarse, los partidos políticos deberán sustentarse exclusivamente con aportes privados, bajo un nuevo régimen de control y transparencia para evitar el flujo de fondos de procedencia ilícita.
A pesar de la determinación del Ejecutivo, el camino en el Congreso no será lineal. Si bien existe un consenso parcial sobre la necesidad de modernizar el sistema, la eliminación de las PASO encuentra resistencia en bloques que consideran a las primarias como una herramienta de democratización y cohesión interna de las coaliciones.