En un paso decisivo hacia la reconfiguración del modelo de infraestructura pública en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este ambicioso plan contempla la transferencia al sector privado de la gestión y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, bajo una premisa innegociable: inversión privada total y riesgo empresarial, sin asistencia del Tesoro Nacional.
El nuevo esquema marca el fin de una era de obras públicas financiadas con fondos estatales, un sistema que, según el Ejecutivo, ha generado históricamente sobrecostos y un marcado deterioro de la red vial. Con la implementación de la Red Federal de Concesiones, el Gobierno proyecta un ahorro fiscal de aproximadamente 6.100 millones de dólares anuales durante las próximas dos décadas.
La actual Etapa II A se centra en dos tramos neurálgicos para la economía del país:
- Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur: Incluye 1.325 km de rutas clave como la RN 3, RN 205, RN 226, y accesos estratégicos como la Autopista Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas.
- Tramo Pampa: Cubre 546 km de la RN 5, una vía fundamental para el sector agroindustrial.
El proceso licitatorio ha estado marcado por una estricta evaluación técnica y financiera. De las 19 ofertas recibidas, 12 han sido admitidas y 7 desestimadas por no cumplir con los requisitos del pliego.
Uno de los puntos más destacados fue la exclusión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). La empresa no logró acreditar su capacidad para la ejecución directa de obras y presentó un ratio de endeudamiento de 3,75, superando ampliamente el máximo de 1,50 permitido. Según fuentes oficiales, estas medidas buscan asegurar que los concesionarios tengan la solidez necesaria para cumplir con los contratos sin recurrir a subsidios.
El modelo impulsado por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte introduce condiciones contractuales novedosas para el usuario:
- Estándar «Bache Cero»: Las empresas están obligadas a garantizar el estado óptimo de la calzada antes de poder aplicar tarifas plenas.
- Sistema Free Flow: Se prevé la eliminación de las barreras físicas de peaje, reemplazándolas por cobro automático (TelePASE) para mejorar la fluidez logística y reducir accidentes.
- Eficiencia frente al déficit: El plan incluye la disolución de Corredores Viales S.A., una empresa estatal que acumulaba un déficit superior a los $268.000 millones.
Con una Tasa Interna de Retorno (TIR) máxima fijada en el 15% para evitar rentabilidades excesivas y un sistema de competencia por menor precio o plazo de concesión, el Gobierno busca transformar la infraestructura vial en un motor de productividad.
Desde la Casa Rosada insisten en que este es un «punto de inflexión histórico» que traslada la responsabilidad de la obra pública a quienes están capacitados para gestionarla con eficiencia, eliminando la discrecionalidad política y garantizando la transparencia mediante auditorías digitales y tecnología de vanguardia.