La crisis política sacudió este miércoles a la localidad de Allen, tras la decisión del Concejo Deliberante de suspender de forma preventiva al intendente Marcelo Román, referente de La Libertad Avanza (LLA). La medida, aprobada por mayoría de seis votos contra tres, coloca al jefe municipal en el centro de un proceso judicial que podría definir el futuro de su gestión.
La suspensión, fundamentada en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, responde a la causa penal que investiga a Román por presunta administración fraudulenta y peculado. Según la investigación fiscal, que formalizó cargos contra el mandatario el pasado 18 de junio, el intendente habría desviado fondos públicos para beneficio de un tercero entre marzo de 2024 y julio de 2025.
El eje del escándalo es la compra de un teléfono celular con fondos del municipio, cuyo costo (sumando el valor del dispositivo y los abonos mensuales) alcanzó los 596.812,38 pesos. La fiscal Graciela Echegaray sostiene que el aparato fue entregado a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local sin vínculo contractual con el Estado, quien presuntamente lo utilizó para «impartir órdenes y directivas» a empleados municipales, arrogándose funciones de gestión pública.
Por este motivo, Ocampo también fue imputado como partícipe necesario. «Tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna y aun así recibió el bien del Estado y lo usó», detalló la fiscalía.
Desde el Concejo Deliberante argumentaron que el apartamiento es una medida «higiénica en términos institucionales» destinada a proteger el avance de la investigación, evitando que Román pueda entorpecer la recolección de pruebas o influir en los testimonios pendientes. Mientras la medida esté vigente, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), asumirá el Poder Ejecutivo de manera provisoria.
Lejos de aceptar la resolución del cuerpo legislativo, Marcelo Román calificó el procedimiento como «un acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional». En sus primeras declaraciones tras la votación, el intendente aseguró que la medida responde a «cuestiones partidarias y políticas» que buscan atentar contra la soberanía popular.
En respuesta, el dirigente libertario anunció que ya ha judicializado su suspensión y presentó una denuncia penal por «abuso de autoridad» contra los concejales que votaron a favor de su apartamiento. Asimismo, Román ratificó su intención de mantenerse en funciones argumentando que la única vía legal para remover a un intendente sería un proceso de revocatoria o el cumplimiento de su mandato, apelando además a la presunción de inocencia.
La tensión se mantiene alta en el municipio rionegrino, mientras la Justicia avanza con un caso que promete sentar un precedente importante sobre el uso de recursos públicos en la estructura estatal local.