Tras siete días de haber asumido la presidencia de Chile, José Antonio Kast ha dejado clara la hoja de ruta de su administración: una política de «tolerancia cero» a la irregularidad migratoria. Aunque la primera semana no se tradujo en vuelos masivos de deportación inmediata, el Ejecutivo ha blindado el marco legal para iniciar lo que denominan una «limpieza administrativa» de las fronteras.
En un movimiento de alta carga simbólica y operativa, Kast utilizó su primer día en el Palacio de La Moneda para firmar seis decretos de emergencia. El eje central de estas medidas es el «Plan Escudo Fronterizo», que otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para colaborar con Carabineros y la PDI en el control de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
A diferencia de gestiones anteriores, estos decretos buscan reducir la burocracia en los procesos de expulsión. Fuentes de Interior confirman que el objetivo es agilizar la salida de quienes ingresaron por pasos no habilitados, eliminando las trabas que, según el oficialismo, «mantenían al Estado de manos atadas».
Si bien la opinión pública esperaba ver aviones despegando desde el día uno, la estrategia de la primera semana ha sido de reordenamiento logístico. El gobierno ha enfocado sus esfuerzos en:
- Identificación y Censo: Se ha iniciado un proceso intensivo de cruce de datos para identificar a extranjeros con antecedentes penales o ingresos irregulares recientes.
- Infraestructura de Contención: Se han reactivado los proyectos de barreras físicas (zanjas y perímetros tecnológicos) en puntos críticos de la frontera norte.
- Urgencia Legislativa: El ingreso de 20 iniciativas de ley busca que las deportaciones no dependan solo de la voluntad presidencial, sino que queden blindadas por un marco jurídico robusto que evite recursos judiciales de última hora.
Uno de los puntos más debatidos es la implementación de un corredor humanitario. El gobierno busca negociar con los países vecinos y de origen para asegurar que las expulsiones sean efectivas y no se conviertan en un problema de «puerta giratoria» en los límites territoriales.
Kast ha insistido en que existe un plazo para la salida voluntaria, una estrategia que busca incentivar el abandono del país de manera autónoma antes de que el Estado active la fase de expulsiones forzosas, la cual se prevé comience a operar con fuerza una vez consolidada la infraestructura del Plan Escudo.
Mientras los sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos vigilan de cerca el cumplimiento de los tratados internacionales, la base electoral de Kast celebra los anuncios.