En un escenario de asfixia económica, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires logró finalmente que los gremios estatales aceptaran una oferta salarial que, para muchos trabajadores, sabe a poco. El acuerdo con la Federación de Gremios Estatales y Particulares (FEGEPPBA) sella un incremento del 9%, pero la letra chica revela una fragmentación que diluye el impacto en el bolsillo.
El aumento se divide en tres cómodas cuotas: un 1,5% ya otorgado en febrero, un 5% en marzo y un magro 2,5% recién para abril. Lo que el relato oficial presenta como una «mejora», en la práctica es un seguimiento lento de la curva inflacionaria, calculado además sobre la base de los sueldos de enero, lo que profundiza el retraso salarial frente a los precios de góndola de marzo.
En un intento por contener el conflicto en las escuelas, se anunció una bonificación de $20.000 para el personal auxiliar a partir del 1 de marzo. Sin embargo, el carácter de este monto (remunerativo pero no bonificable) vuelve a encender las alarmas: se trata de una suma fija que no impacta en la antigüedad ni en otros adicionales, achatando aún más la pirámide salarial y funcionando como un simple «parche» ante el deterioro del salario básico.
Si bien el acta incluye menciones a pases a planta permanente y recategorizaciones, el escepticismo reina en los pasillos oficiales. Tras años de promesas similares, el cumplimiento de la carrera administrativa sigue siendo la moneda de cambio para que los gremios firmen acuerdos que, en lo estrictamente salarial, apenas empatan (o pierden) contra el costo de vida.
Con una cláusula de revisión para mayo, la tregua parece ser frágil. El Gobierno de Axel Kicillof ha ganado tiempo, pero a costa de una masa salarial que sigue perdiendo terreno mientras los «bonos de emergencia» se vuelven la norma y no la excepción.