La conectividad entre el balneario El Cóndor y la capital provincial ha dejado de ser un simple problema de frecuencias para transformarse en una barrera infranqueable de exclusión social. Vecinos de la zona costera han alzado la voz para denunciar una doble problemática que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: la falta de adaptación de las unidades y el costo asfixiante de los traslados privados ante la falta de alternativas públicas eficientes.
La denuncia principal radica en la falta de infraestructura adecuada en el servicio interurbano. Según advierten los residentes, la empresa adjudicataria del servicio no contempla en su flota unidades preparadas para pasajeros con discapacidad motriz o visual, incumpliendo normativas básicas de accesibilidad.
«¿Sabían que en El Cóndor vive gente con discapacidades y que el transporte no está preparado?», cuestionó un vecino afectado, exponiendo una realidad que parece invisible para las autoridades y la prestataria. La falta de rampas, espacios asegurados y señalética adecuada condena a quienes viven en la villa marítima a un aislamiento forzoso o a depender de terceros para gestiones básicas de salud o trámites en Viedma.
A la barrera física se le suma la económica. Ante la imposibilidad de utilizar el transporte convencional, muchos ciudadanos deben recurrir a servicios de transporte privado o remises. El costo de un viaje desde El Cóndor a Viedma ronda hoy los $60.000 (solo ida), una cifra que pulveriza cualquier presupuesto familiar.
Al cruzar este valor con los ingresos promedio de una persona que percibe una pensión por discapacidad o haberes mínimos, la ecuación resulta imposible. «Los números no dan», sentencian los vecinos, quienes ven cómo el derecho constitucional a la libre circulación y al acceso a la salud se ve vulnerado por una tarifa que supera con creces la capacidad de pago de los usuarios.
La comunidad exige que la empresa adjudicataria cumpla con los pliegos de bases y condiciones que exigen accesibilidad universal, y que el Estado provincial y municipal intervenga para regular un cuadro tarifario que hoy resulta expulsivo.