El anuncio de nuevas recomposiciones para los efectivos neuquinos reavivó el reclamo salarial del sector policial y penitenciario rionegrino, desde donde difundieron un duro comunicado denunciando el deterioro de sus ingresos y la situación judicial de su referente.
Luego de que el Gobierno de la provincia de Neuquén oficializara nuevos incrementos salariales para el personal de su fuerza policial, sectores vinculados a la Policía y al Servicio Penitenciario de Río Negro emitieron un comunicado titulado «Administrar la miseria planificada», en el que expresaron su descontento por la disparidad económica entre ambas jurisdicciones patagónicas.
En el escrito difundido por referentes del sector —que incluye tanto a personal en actividad como a administrativos, retirados y pensionados—, los trabajadores señalaron que la pérdida del poder adquisitivo ha obligado a los efectivos a recurrir a empleos informales fuera de su horario de servicio. «Naturalizamos la changa, el rebusque, el otro oficio», manifestaron en el documento, asegurando que desde hace más de 14 años atraviesan una situación de precariedad que atribuyen a las políticas implementadas por las sucesivas administraciones provinciales.
El comunicado establece una comparación directa con las condiciones laborales que perciben sus pares al otro lado del río. Según detallaron los voceros de la fuerza rionegrina, los efectivos de Neuquén reciben bonos que triplican los montos abonados en Río Negro, perciben actualizaciones salariales por encima de los índices de inflación y alcanzan haberes que casi duplican los sueldos actuales del personal rionegrino. «¿Acaso nuestras vidas valen menos por ejercer la misma tarea pero con una administración pública deficiente?», cuestionaron en el texto.
Asimismo, el pronunciamiento incluyó un reclamo de índole gremial y judicial al referirse a la situación de su principal dirigente, Rubén Ángel Muñoz, sobre quien sostuvieron que continúa «detenido políticamente para callarnos y someternos».
De cara al próximo calendario electoral en la provincia, los integrantes de las fuerzas de seguridad advirtieron que, tras casi cumplirse un nuevo período de gestión de cuatro años, el deterioro económico en el sector policial y penitenciario continúa profundizándose sin respuestas por parte del Ejecutivo provincial.