Una disputa judicial en torno a los bienes de una vecina fallecida en Viedma enfrenta a la Provincia de Río Negro y a dos sobrinos de la mujer. El caso, que abarca dos inmuebles y una caja de seguridad bancaria, abrió un complejo debate sobre los derechos hereditarios y la aplicación de la «indignidad sucesoria» por presunto abandono.
El conflicto tuvo su origen tras el fallecimiento de la mujer el 20 de febrero de 2024. Al no registrarse herederos en una primera instancia, una persona denunció la situación ante la Fiscalía de Estado, lo que motivó el inicio del trámite de herencia vacante. A través de este procedimiento, la Provincia solicitó medidas para identificar, inventariar y preservar el patrimonio, designando representantes para su administración provisoria.
Entre los bienes denunciados figuran una vivienda en la calle Moreno, un departamento en la calle Tucumán y una caja de seguridad en el Banco Patagonia.
La aparición de los familiares y el planteo de indignidad
Cuando el proceso avanzaba y el Poder Judicial había considerado vacante la herencia, se presentaron dos sobrinos —hijos de una hermana ya difunta de la mujer— acreditando el vínculo parentesco y solicitando el reconocimiento de sus derechos.
Si bien la Provincia no desconoció el lazo familiar, la Fiscalía de Estado se opuso a que recibieran el patrimonio. El organismo provincial sostuvo que los sobrinos incurrieron en una causal de «indignidad sucesoria» al considerar que existió un abandono material y afectivo durante los últimos años de vida de la tía.
Para fundamentar su postura, la representación estatal hizo referencia a un expediente del fuero de Familia en el que se había determinado que la mujer padecía un trastorno neurocognitivo mayor, se encontraba en situación de vulnerabilidad y contaba con una figura de apoyo designada judicialmente. Asimismo, quien había denunciado la vacancia respaldó el planteo de la Provincia, señalando que la asistencia, internación y sostén económico de la mujer habían sido asumidos por otra persona.
Por su parte, los sobrinos rechazaron de manera categórica los señalamientos. Argumentaron que su tía contaba con recursos económicos propios —entre ellos ingresos previsionales— que le permitían cubrir sus necesidades, y remarcaron que nunca existió un reclamo alimentario en su contra. Además, alegaron que la distancia geográfica y períodos de residencia en el extranjero no pueden ser interpretados de manera automática como un abandono.
El fallo judicial: quién debe probar la acusación
Frente a la controversia jurídica sobre si una persona puede perder el derecho a heredar por falta de asistencia y de qué manera debe probarse, el magistrado interviniente fijó las pautas procedimentales del caso.
La Provincia pretendía que los sobrinos iniciaran un juicio de petición de herencia para reclamar los bienes. Sin embargo, el juez desestimó dicho planteo al remarcar que el parentesco ya está acreditado, no fue cuestionado y los bienes aún no han sido liquidados ni entregados de forma definitiva al Estado.
En consecuencia, el juzgado estableció que, si la Provincia busca excluirlos por indignidad, debe ser el Estado provincial quien promueva un juicio ordinario para probar las conductas atribuidas. En dicho proceso se deberán examinar las necesidades reales de la mujer, la existencia de un deber alimentario exigible, las posibilidades efectivas de asistencia por parte de los sobrinos y el comportamiento de cada uno de ellos.
El magistrado aclaró que la indignidad no opera de forma automática y que una mera acusación de abandono resulta insuficiente por sí sola para privar de derechos hereditarios, requiriéndose un debate contradictorio donde se garantice el derecho de defensa y la aportación de pruebas.
Finalmente, la resolución concedió la apelación subsidiaria interpuesta por la Provincia con efecto suspensivo, por lo que el destino final de la herencia se mantiene pendiente de resolución definitiva.