La representante de la Coordinadora de Jubilados de Río Negro (CORJU), Rosana Ingrisani, repasó los temas centrales abordados en las reuniones quincenales del Consejo Local de Adultos Mayores de Viedma, un órgano creado por ordenanza en 2014 que comenzó a activarse formalmente este año tras constantes reclamos del sector.
En diálogo radial, la dirigente puso el foco en las demandas locales y provinciales que afectan de manera directa la calidad de vida y el bolsillo de los adultos mayores de la capital rionegrina.
Licencia de conducir: pedido de equidad y costos proporcionales
Uno de los ejes del reclamo es la modificación de la ordenanza vigente sobre la renovación del carnet de conducir. Si bien se logró reducir la tasa municipal para adultos de entre 65 y 70 años (quienes renuevan cada tres años) y mayores de 70 (quienes lo hacen anualmente), la CORJU solicita que el examen médico obligatorio guarde la misma proporcionalidad económica y no mantenga los valores aplicados a las licencias de cinco años.
Actualmente, el proyecto se encuentra bajo análisis en la Comisión de Desarrollo Económico del Concejo Deliberante, presidida por la concejal Evelyn Rousiot. Desde la coordinadora señalaron que la mayoría de los ediles no asistieron a las convocatorias de trabajo y que aguardan ser citados por la comisión:
«No pedimos que el trámite sea gratis, pedimos que sea igualitario. Queremos que la revisación médica pueda realizarse también en el hospital público de manera opcional y con una tarifa social proporcional, tal como se implementa en otros municipios como Choele Choel y Río Colorado.»
Respecto a las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara, quien indicó que no se modificará la normativa, Ingrisani descartó dar por cerrada la gestión y adelantó que solicitarán una audiencia directa con el intendente de Viedma, Marcos Castro.
Transporte y vulnerabilidad social
La agenda para un eventual encuentro con el jefe comunal incluye también el deficiente servicio de colectivo urbano y el impacto de las últimas tarifas. Ingrisani calificó el panorama de «grave», producto del recorte de recorridos, la baja frecuencia y la falta de colectivos los fines de semana.
Asimismo, expresó preocupación por la falta de un registro oficial actualizado sobre la cantidad total de personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad en la ciudad. «La respuesta institucional suele estar limitada a quienes ya acuden a pedir asistencia. Muchos adultos mayores no acceden a la conectividad digital para realizar trámites burocráticos y quedan desprotegidos si no cuentan con acompañamiento de la comunidad«, alertó.
Por otra parte, al ser consultada sobre una nota formal remitida recientemente al Consejo por el Concejo Deliberante, interpretada por algunos sectores como un condicionamiento a la labor del espacio, la dirigente restó dramatismo a la situación y sostuvo que el organismo continuará redactando su reglamento interno para cumplir con las facultades que le otorga la ordenanza de creación.
Rechazo a la libre afiliación del IPROSS
En el plano provincial, la CORJU fijó postura sobre el debate en torno a la libre desvinculación de la obra social IPROSS. La referente sindical advirtió que la iniciativa fomenta el desfinanciamiento y beneficia a sectores de altos ingresos en detrimento de la masa de afiliados.
Para evitar un deterioro mayor de la obra social pública, la entidad propuso:
- Puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento: Activar la comisión de la Legislatura provincial destinada a auditar el destino de los aportes de activos y pasivos, inactiva desde hace más de una década.
- Provisión pública de medicamentos: Articular convenios directos entre el IPROSS y el laboratorio estatal PROFARSE para adquirir medicamentos esenciales a menor costo, imitando esquemas vigentes en provincias como La Pampa, San Luis y Mendoza.
- Participación gremial: Dar representación y voz a los centros de jubilados dentro de la Junta Administrativa del organismo provincial.