En entrevista con el programa El Politólogo y el Político, el jefe comunal rompió el silencio tras su restitución en el cargo. Aseguró que la oposición no reunió el piso mínimo de firmas requerido por la Carta Orgánica y anticipó acciones penales.
El intendente de Allen, Marcelo Román, volvió a poner en el centro del debate la compleja situación política e institucional que atraviesa la localidad rionegrina. Tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que anuló la ordenanza promovida por seis concejales opositores para suspenderlo de sus funciones, el mandatario comunal afirmó que enfrenta una continua «persecución política y mediática» orquestada para interrumpir su mandato popular.
Román sostuvo que las maniobras destituyentes continúan ahora bajo la figura del pedido de revocatoria de mandato impulsado desde el Concejo Deliberante.
Falta de avales e irregularidades en el conteo
El eje de las acusaciones vertidas por el jefe comunal reside en la validez del proceso que intenta llevarlo a un referéndum. Según las normativas locales, la iniciativa requiere alcanzar inicialmente un piso del 10% del padrón electoral (equivalente a 2.290 firmas aprox.).
- Déficit de firmas: Román afirmó que, tras la revisión efectuada por su equipo contable y legal, el conteo arroja que restan más de 60 vales para alcanzar el piso indispensable.
- Denuncias por falsificación: Reveló que un perito de parte trabaja sobre las planillas debido a sospechas sobre posibles adulteraciones de firmas.
- Falta de acceso al expediente: El mandatario denunció que se le denegó en múltiples ocasiones la posibilidad de revisar el material original, debiendo concurrir al cuerpo deliberativo junto a un escribano público para dejar constancia de la negativa.
«Está a las claras que es una operación política. Están intentando torcer las instituciones desde un escritorio porque no lo pudieron hacer en las urnas», aseveró Román.
Denuncia por costos económicos e imparcialidad
Otro de los puntos críticos señalados por el intendente se vincula a las consecuencias financieras que dejaron sus días apartado del Ejecutivo municipal. Román responsabilizó al grupo de ediles impulsores de la norma nula por un perjuicio económico estimado entre cuatro y cinco millones de pesos en concepto de costas judiciales.
A su vez, detalló la presentación formal ante el Tribunal de Cuentas contra el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa. Román objetó que durante los días que Figueroa ejerció interinamente el cargo, cobró los haberes correspondientes al Ejecutivo e hizo un pedido de adelanto financiero por 1.500.000 pesos, pese a que la medida de suspensión ya se encontraba judicializada.
Por último, el intendente cuestionó la imparcialidad de autoridades clave en la fiscalización del proceso, como la titular de la Junta Electoral local, María Teresa Segueso, y la vicepresidenta del Tribunal de Cuentas, Florencia Torres Castaño, señalando la publicación activa de llamados a votar la revocatoria mediante sus redes sociales.
Pese al escenario de tensión institucional, Román remarcó que mantendrá la gestión con normalidad, apoyado en las presentaciones judiciales que realizará en los próximos días para resguardar la legitimidad del voto popular.