En una muestra impresionante de insensibilidad social y voracidad recaudadora, el Concejo Deliberante de Viedma sumó una nueva hazaña a su historial: la aprobación por mayoría del flamante «impuesto al monopatín». Porque claro, en un contexto donde los vecinos hacen malabares para llegar a fin de mes, no había nada más urgente ni prioritario para la economía familiar que meterle la mano en el bolsillo a quien usa un monopatín eléctrico para ir a trabajar.
El proyecto presentado por el concejal Julián Algarañas , quien, fiel a su ilustre y ya conocida tradición parlamentaria, no pronunció una sola palabra en el recinto. Silencio absoluto en la banca; aunque eso sí, en las radios locales habla hasta por los codos. La pobre defensa de semejante disparate quedó en manos de su compañera de bloque, Lorena Alan.
Fiel al único norte que guía a la gestión —cobrar, regular y asfixiar, la normativa tipifica con una severidad que roza la ridiculez las «gravísimas» infracciones a las que la autoridad municipal estará atenta. Prepare su bolsillo o sufrir la retención preventiva del vehículo. Cumplir con semejante maraña de reglas será un martirio burocrático inviable para los usuarios de la movilidad personal.
La lista de la caja: así votó el Concejo
Con un desprecio absoluto por la realidad de los vecinos, la mayoría de los ediles no dudaron en levantar gustosos la mano para avalar otra tasa y otro dolor de cabeza para la gente. El bloque del «SÍ a la recaudación» estuvo integrado por:
- Afirmativo: Julián Algarañas y Lorena Alan (Vamos con Todos); María Andría (Cambia Río Negro); Vanesa Cacho Devincenzi (PAR); Evelyn Rousiot (Nos Une Río Negro); Pedro Bichara, Natalia Macri y Luciano Ruiz (Juntos Somos Río Negro).
La única concejal en el recinto que se negó a la recaudacion y votó en Negativo fue la concejal liberal-libertaria Silvina «Ivi» Franco.
Una vez más, la política local demuestra sus prioridades: desconexión total con la calle, cero empatía con el bolsillo popular y una creatividad inagotable para inventar trámites y cobros a los pocos vecinos que intentan moverse de forma económica y sustentable.