Un imponente operativo conjunto entre el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GEOP) y la Gendarmería Nacional ejecutó el desalojo de la comunidad mapuche Quintriqueo en un valioso predio de 600 hectáreas sobre la Ruta Nacional 40, a orillas del lago Nahuel Huapi. El procedimiento, ordenado por el juez civil Francisco Astoul Bonorino, pone fin a un dilatado litigio iniciado por la dueña del terreno, María Cristina Broers, y ratificado de forma firme por el Tribunal Superior de Justicia tras 15 años de disputas legales.
El operativo se desplegó de manera hermética y obligó a interrumpir el tránsito sobre la traza nacional. Integrantes de la comunidad, entre ellos familias con menores de edad, se retiraron de forma pacífica tras ser notificados y permanecieron a la vera de la ruta antes de regresar a la localidad cordillerana con parte de sus pertenencias.
Claves del conflicto y fuerte repudio de las comunidades
- Operativo a medias: La medida pretendía abarcar también a la comunidad Melo —asentada del otro lado de la ruta hacia las montañas—, pero la acción fue suspendida sin explicaciones oficiales.
- Denuncias de irregularidades: En las escalinatas de la Casa de Gobierno en Neuquén, el abogado defensor Luis Virgilio Sánchez denunció que la orden judicial se emitió con el expediente reservado, limitando el derecho a la defensa. Sostuvo además que el intento de desalojo a la comunidad Melo era ilegítimo por no figurar en el expediente original.
- Postura oficial: Desde el Gobierno provincial indicaron que se trata de un conflicto estrictamente entre privados y que el despliegue policial buscó garantizar la seguridad de los involucrados.
La Confederación Mapuche solicitó la intervención urgente del ministro Jorge Tobares y convocó a un encuentro para analizar las acciones legales y políticas a seguir.
