Lo que debía ser una cena tranquila de viernes en una conocida pizzería de Carmen de Patagones se transformó en un bochornoso episodio de intimidación política. El periodista Luciano Barroso denunció penalmente al intendente de Viedma, Marcos Castro, y a su entorno familiar tras haber sido increpado, acosado e insultado en un local repleto de testigos.
El detonante de la furia oficialista no habría sido otro que el ejercicio del periodismo. Barroso, quien debió ubicarse cerca de la mesa del jefe comunal por falta de espacio, se convirtió en el blanco de agresiones verbales que escalaron al momento de la cuenta. Nicolás Bambaci, cuñado de Castro, encaró al comunicador para exigirme que “chequee la información” y le soltó un tajante “no escribas boludeces”. Instantes después, según la denuncia, el propio intendente se abalanzó para increparlo y debió ser frenado por los presentes mientras continuaba lanzando insultos a la distancia.
La tensión no terminó adentro. El grupo permaneció en la puerta del local y el propietario tuvo que pedirles que se retiraran para evitar males mayores.
El «delito» de Barroso fue poner el ojo en la caja pública: el periodista vinculó directamente el apriete a sus publicaciones sobre contrataciones municipales, en particular la licitación de baños modulares que salpica a Bambaci por presuntos nexos familiares con una firma proveedora —caso que ya investiga el Tribunal de Cuentas—.
“Basta de amenazas. Basta de amedrentar a la prensa”, disparó Barroso, reafirmando que no dará un paso atrás. El episodio abre un interrogante incómodo para la gestión viedmense: ¿es este el trato habitual para quien investiga al poder o Castro dará explicaciones públicas por el bochorno protagonizado al otro lado del río?