La causa que investiga el asesinato de Gerardo Romero, hallado sin vida el 7 de agosto de 2025 en un departamento del barrio San Martín en Viedma, avanza hacia su definición. Tras una audiencia realizada el pasado viernes, la justicia determinó extender por cuatro meses tanto la investigación penal preparatoria como la prisión preventiva de Alexis Emanuel Olivares, único imputado por el hecho.
María Romero, madre de la víctima, en dialogo con el medio, expresó la angustia de la familia ante la demora, aunque reconoció la necesidad de fortalecer las pruebas ante la complejidad del caso. Según explicó, la fiscal a cargo, Mariana Giammona, se encuentra aguardando los resultados de la reconstrucción virtual del hecho y otras pericias técnicas fundamentales para el juicio.
El caso conmocionó a la comunidad por la alevosía con la que fue perpetrado. Según el relato de su madre, tras quitarle la vida a Gerardo, el agresor intentó borrar cualquier rastro de lo sucedido. «Él tuvo tres días el cuerpo y limpió todo el departamento. Cuando ingresaron por el allanamiento, parecía que no había pasado nada», relató María con dolor.
La fiscalía ha trabajado exhaustivamente para recolectar pruebas técnicas, incluyendo análisis de ADN y pericias biológicas, dado que la limpieza del lugar dificultó la labor inicial. La madre de la víctima descartó rotundamente la participación de otras personas, afirmando que Olivares actuó solo y con una violencia extrema.
Durante la reciente audiencia, que contó con la presencia virtual del imputado, María Romero describió una situación revictimizante: «Lo vimos como que no tiene arrepentimiento, no tiene dolor, no sé cómo explicarlo; hacía muecas, se tocaba la barba, como que no hizo nada».
Ante el riesgo de fuga (probado por el hallazgo de una valija con pertenencias del acusado preparada al momento del allanamiento), la Justicia ratificó que Olivares permanezca detenido en un establecimiento penitenciario. La familia mantiene una postura firme: «Esperamos la cadena perpetua. Esto no es para 8, 12 o 18 años; es para que pague como corresponde por lo que hizo», enfatizó su madre.
Si bien la fecha límite fijada por el juez para la culminación de esta etapa es el 4 de noviembre, tanto la querella como la fiscalía confían en que el proceso podría adelantarse si las pericias pendientes se completan antes de lo previsto.
Para María Romero, el proceso judicial es el único camino hacia el cierre y el descanso de su hijo. Mientras aguarda el inicio del debate oral, donde un jurado deberá juzgar el hecho, la familia busca transformar su dolor en la búsqueda de una condena ejemplar que siente un precedente.
