La impotencia y la furia son los sentimientos que dominan a una vecina de Viedma, quien se encuentra atrapada en un laberinto burocrático tras sufrir meses de atropellos por parte de una obra en construcción ubicada en Las Heras 180. La vecina, que ha intentado seguir todos los canales institucionales correspondientes, asegura sentirse desamparada ante la falta de respuestas del Estado municipal.
El conflicto se centra en el incumplimiento de las normativas vigentes. Según relata la denunciante, la obra inicia sus labores a las 7:15 de la mañana, produciendo golpes constantes en las paredes de su dormitorio, además de operar sobre la estructura del edificio sin las medidas de seguridad básicas.
«He presentado notas en Obras Públicas y en la Secretaría de Gobierno, pero nadie hace caso. Es bochornoso», afirma con indignación. La falta de control municipal sobre los horarios de construcción y las normas de seguridad ha convertido su hogar en un espacio invivible.
Más allá de las molestias edilicias, el dolor más profundo de la vecina radica en la destrucción de un árbol que ella misma cultivó desde semilla en 1995. El ejemplar, que era destacado por turistas como un atractivo de la cuadra, sufrió daños irreparables debido al movimiento de volquetes, presuntamente asociados a la empresa Cementos del Valle.
«Lo hicieron de forma displicente. Al principio negaron todo, hasta que un albañil admitió que fueron los del volquete», explica. Lo que añade más frustración a su relato es la respuesta que recibió por parte de las autoridades: le aseguraron que, al ser ella la responsable del árbol en su vereda, es ella quien debe cargar con las consecuencias de su destrucción, una lógica que considera absurda y revictimizante.
La vecina ha recorrido la Defensoría del Pueblo, tanto local como nacional, sin hallar soluciones. El mensaje que recibe es que, si desea avanzar, debe recurrir a la vía judicial mediante un abogado privado, lo cual implica un gasto económico que considera injusto, dado que ella es la parte afectada.
La obra, que se promociona a sí misma bajo la premisa de «respetar el medio ambiente», es cuestionada también por su legalidad. La afectada sostiene que la construcción de la propiedad horizontal en el terreno lindero presenta irregularidades, ya que nunca prestó su consentimiento para el proyecto, a pesar de que el municipio encontró «resquicios legales» para avalarlo.
«¿Para qué pagamos los impuestos los ciudadanos si no estamos defendidos en ningún lado? Siento que es el poderoso caballero ‘Don Dinero’ el que manda», sentencia.
La vecina busca hoy que su caso no quede en el olvido y que siente un precedente para otros ciudadanos. Su pedido es urgente: la creación de una instancia de control (una suerte de «policía ambiental») que actúe de oficio y sancione efectivamente a quienes, bajo el amparo de grandes proyectos inmobiliarios, atropellan la calidad de vida de los vecinos y el patrimonio natural de la ciudad.
Mientras tanto, el ruido, la presión psicológica y la huella de la destrucción continúan frente a su casa, esperando que alguna autoridad deje de ignorar el reclamo de una contribuyente que exige, simplemente, respeto a sus derechos básicos.