La estabilidad política del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, atraviesa su momento más crítico. En una jornada que sacudió los cimientos institucionales de la provincia patagónica, la justicia federal de Buenos Aires llevó adelante un allanamiento en la Casa de Gobierno en Viedma, donde procedió al secuestro de una computadora perteneciente al mandatario.
El operativo, caracterizado por su hermetismo y ejecutado por una comisión enviada directamente desde la Capital Federal para evitar interferencias de la justicia local, se enmarca en la investigación por presuntos vínculos con Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y quien actualmente figura como «arrepentido» en causas de lavado de dinero y desvío de fondos que involucran a la cúpula del fútbol argentino.
Según fuentes judiciales y documentación que ha salido a la luz, el vínculo entre la administración provincial y la estructura de la AFA sería profundo. Los indicios sugieren que Beacon operaba como un nexo directo entre el poder político rionegrino y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La conexión se materializa, además, en el hecho de que un hermano de Beacon ocupa actualmente un cargo como funcionario en el gobierno provincial.
Chats revelados recientemente posicionan al gobernador Weretilneck no solo como un interlocutor frecuente de este esquema, sino como una pieza central para el «destrabe» de proyectos, gestiones administrativas y el ofrecimiento de influencias políticas. Uno de los puntos más sensibles de la investigación apunta a que el gobernador habría actuado activamente para eliminar obstáculos judiciales y facilitar negocios en la provincia, siendo mencionado específicamente en gestiones relacionadas con inversiones del Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.
El impacto del allanamiento en Viedma ha generado un clima de desorientación y tensión en los pasillos de la gobernación. A pesar de que Weretilneck ha sido uno de los mandatarios provinciales que mayor colaboración brindó al gobierno nacional libertario para la aprobación de leyes clave en el Congreso, el operativo judicial es interpretado en círculos cercanos al gobernador como un «mensaje» político desde la Casa Rosada.
Para Weretilneck, quien mantenía la expectativa de consolidar su camino hacia una posible reelección en 2027, este revés judicial representa una complicación que excede el ámbito administrativo y lo coloca en una posición de alta vulnerabilidad frente a la justicia federal.
Hasta el momento, ni el mandatario ni sus voceros oficiales han emitido declaraciones formales sobre el secuestro del dispositivo electrónico, mientras el expediente que vincula al poder político rionegrino con los negocios de la AFA continúa sumando capítulos en los tribunales federales.