Lo que comenzó como un camino para cumplir con el deber y sostener a su familia, se transformó en una pesadilla de expedientes, recortes salariales y falta de respuestas. Daiana Costas, actualmente ex agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, se encuentra hoy en una encrucijada crítica: tras ser pasada a «inactividad» por la fuerza, la mujer se quedó sin ingresos y sin posibilidad de trabajar, mientras su hija de ocho años, Emma, necesita continuar un costoso tratamiento médico.
La situación de Costas no es reciente. Tras haber sobrevivido años atrás a un virus intrahospitalario que la obligó a atravesar diez intervenciones quirúrgicas, dejándola inmunodeprimida, la agente regresó a sus funciones. Sin embargo, denuncia que los destinos asignados por la fuerza no garantizaban las condiciones sanitarias mínimas que su estado de salud requería.
En paralelo, su prioridad absoluta es su hija Emma, diagnosticada con talla baja extrema y un déficit severo de crecimiento. La pequeña requiere inyecciones diarias de somatropina, además de un seguimiento multidisciplinario constante y medicación que debe conservarse bajo estrictas condiciones de frío. “Soy madre soltera y el único sostén de mi familia”, declaró Costas ante la difícil situación.
El conflicto escaló tras la solicitud de licencias médicas. Según el relato de la agente, las trabas burocráticas fueron constantes. Tras un año en el que, denuncia, se le abonó solo el 50 por ciento de su salario, Costas intentó reincorporarse al servicio solicitando un destino que no comprometiera su salud vulnerable.
La respuesta de las autoridades fue, según la damnificada, contradictoria: mientras le sugerían prolongar la licencia por la situación de su hija, ella se veía imposibilitada de hacerlo al no percibir la totalidad de su sueldo.
El 16 de noviembre de 2025, tras realizar los pasos previos para su reincorporación, incluido el gabinete psicotécnico, la sorpresa fue total: en lugar de obtener el alta, le informaron que había sido pasada a «inactividad». Esta figura administrativa dejó a la agente sin salario, sin obra social y en una zona gris legal que le impide buscar empleo en el sector privado ante posibles sanciones por incompatibilidad.
Actualmente, el caso se encuentra en la Justicia tras el rechazo de un recurso de amparo presentado por la agente. «Quiero que decidan ahora. Si me van a despedir, que me paguen los doce años de servicio. Y si no, que me dejen volver a trabajar», exigió Costas, quien además reclama los descuentos indebidos sufridos durante el último año.
Ante la falta de respuestas del Ministerio de Seguridad bonaerense y la urgencia de no interrumpir el tratamiento médico de su hija, Daiana ha debido recurrir a la solidaridad de la comunidad mediante colectas. Cada mes sin medicación representa un retroceso en el desarrollo de la pequeña Emma, por lo que el tiempo, lejos de ser un aliado, juega en contra de esta familia.