La gestión de Axel Kicillof atraviesa un momento de alta tensión con los gremios bonaerenses. Tras el cierre de la liquidación de haberes del mes de junio sin un acuerdo paritario, el descontento entre docentes, estatales y profesionales de la salud ha alcanzado niveles críticos ante la ausencia de una oferta formal de recomposición salarial.
El eje del conflicto radica en las recientes reuniones paritarias, que concluyeron sin avances concretos. Mientras los funcionarios provinciales (encabezados por los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa) centraron los encuentros en garantizar el pago del medio aguinaldo y detallar un plan de desendeudamiento, evitaron poner sobre la mesa una propuesta de aumento salarial.
Con la liquidación de sueldos ya cerrada, los trabajadores ven con preocupación cómo cualquier posibilidad de incremento salarial queda postergada automáticamente hasta julio, lo que profundiza la erosión de sus ingresos frente a una inflación persistente.
Desde las organizaciones sindicales, el diagnóstico es unánime: la paciencia se agota. Los gremios advierten que los salarios estatales ya acumulan una pérdida superior al 3% respecto a la inflación acumulada, una cifra que los trabajadores consideran insostenible.
«Esperábamos una convocatoria con oferta incluida para que el aumento impactara también en el aguinaldo», señalaron fuentes gremiales, al tiempo que advirtieron que la recomposición debe ser «importante» y tener carácter retroactivo para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos meses.
El Gobierno provincial ha argumentado que la situación fiscal es compleja, producto de los recortes de fondos provenientes de la administración nacional. No obstante, esta explicación no ha logrado calmar las aguas. El gobernador se encuentra ante un delicado equilibrio: debe gestionar las limitaciones presupuestarias provinciales mientras intenta contener la presión de sus aliados naturales en el ámbito sindical, quienes, a pesar del alineamiento político, exigen respuestas concretas para sus bases.
Mientras tanto, en el sector docente, la tensión se hace sentir con mayor fuerza. La falta de definiciones y la pérdida del poder de compra han encendido las alarmas, dejando latente la amenaza de medidas de fuerza. Con el inicio de una nueva etapa de negociaciones, el Ejecutivo bonaerense deberá definir en los próximos días si presenta una oferta que logre desactivar el conflicto o si, por el contrario, el malestar sindical derivará en un plan de lucha que afecte el funcionamiento de los servicios públicos en la Provincia.