La provincia de Río Negro atraviesa momentos de alta tensión social tras conocerse los detalles de los reclamos salariales que el personal policial sostiene contra la gestión provincial. La situación escaló drásticamente luego de que Rubén Muñoz, un agente que se convirtió en referente de la protesta, fuera detenido tras protagonizar un cruce con el gobernador en la vía pública.
El núcleo del malestar radica en la profunda brecha salarial que existe entre quienes integran las fuerzas de seguridad y otros cargos dentro de la estructura estatal. Según datos que han ganado terreno en los medios nacionales, un agente de policía percibe aproximadamente 622.000 pesos mensuales, mientras que el Jefe de Policía de la provincia alcanza apenas el millón de pesos.
La opinión pública ha volcado su indignación hacia los «ñoquis» del Estado rio negrino: funcionarios o allegados al poder cuyos salarios triplican o cuadruplican el de un efectivo policial, muchas veces sin que se pueda precisar cuál es su función real dentro del engranaje estatal. Entre los casos expuestos, destacan:
Lilia de Vera Lastra: Hija de la ministra Tania Lastra, cuyo salario ascendería a 2.500.000 pesos.
Alejandro Nahuelquin: Allegado al gobernador, con una remuneración de 2.500.000 pesos.
Daniel Sartor: Exlegislador provincial, quien percibiría unos 8.000.000 de pesos desde el Poder Legislativo, sin una función clara reconocida.
La detención de Muñoz ha sido calificada por sus compañeros y diversos sectores sociales como una «vergüenza institucional». Las imágenes difundidas sobre las condiciones de la celda donde fue alojado el efectivo han generado un profundo rechazo.
«Es una injusticia total. Se detiene a quien nos cuida por pedir un sueldo digno, mientras el Estado sostiene estructuras de privilegios con sueldos millonarios», expresaron allegados a la protesta.