En una medida que ha generado una ola de reacciones dentro y fuera de sus fronteras, Chile ha determinado eliminar el uso del lenguaje inclusivo en determinadas instancias oficiales. La directriz, que busca reafirmar el reconocimiento exclusivo de dos sexos (masculino y femenino), marca un punto de inflexión en la administración pública nacional y coloca al país en el epicentro de un debate global sobre cómo deben comunicarse las instituciones.
La administración ha justificado la medida bajo la premisa de la simplificación y la claridad. Según quienes respaldan la decisión, el Estado tiene la responsabilidad de utilizar un lenguaje directo que sea comprensible para la totalidad de la población, evitando las complejidades gramaticales que el lenguaje inclusivo suele introducir. Asimismo, los defensores de esta política sostienen que categorías como «hombre» y «mujer» son pilares fundamentales para la elaboración de estadísticas, la creación de normativas legales y el diseño eficiente de políticas públicas.
La determinación no ha estado exenta de críticas. Sectores defensores de la diversidad y organizaciones de la sociedad civil han expresado su profunda preocupación, argumentando que la eliminación del lenguaje inclusivo constituye un retroceso en términos de derechos humanos.
Desde esta perspectiva, los críticos señalan que la medida invisibiliza a grupos históricamente postergados y limita el reconocimiento de identidades que no se ajustan a las categorías binarias tradicionales. Para estos sectores, el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación, sino un vehículo de validación social: al excluir ciertos giros gramaticales, sostienen, el Estado despoja a miles de ciudadanos de un reconocimiento oficial que consideran vital para su integración.