En una sesión clave celebrada ayer, la Legislatura de Río Negro dio luz verde a un proyecto de ley que faculta a la policía provincial para utilizar armas menos letales. La iniciativa, que logró el respaldo de 32 legisladores frente a 11 votos negativos, busca modernizar las herramientas con las que cuentan los efectivos para intervenir en disturbios, situaciones de riesgo o conflictos con personas que presentan problemas de salud mental.
Yolanda Mansilla, legisladora del bloque Primero Río Negro y una de las impulsoras de la medida, celebró el acompañamiento parlamentario y subrayó la importancia de contar con alternativas al arma reglamentaria 9 milímetros. «Se trata de darle herramientas a la policía para que actúe en ciertas situaciones que no utiliza su arma 9 milímetros, que obviamente ante su utilización puede provocar graves daños hasta la muerte», afirmó la funcionaria.
Ante los reparos expresados por algunos sectores de la oposición sobre el uso de este equipamiento (como su aplicación ante menores o en manifestaciones sindicales), Mansilla enfatizó que la finalidad central es la protección de la ciudadanía. «Cuando en una situación de conflicto vos te encontrás con un delincuente, no le preguntás la edad que tiene. Primero, tenés que resolver la situación tratando de hacer el menos daño posible», sostuvo.
La legisladora explicó que la implementación no será inmediata ni improvisada: requiere de un proceso licitatorio para la compra y, fundamentalmente, de una capacitación exhaustiva para el personal. Según lo conversado con el ministro de Seguridad, los primeros efectivos instruidos serán aquellos de la brigada motorizada y el cuerpo COER.
Asimismo, Mansilla destacó que el sistema incluye controles rigurosos. «Hay cámaras que van controlando cómo vos la vas a utilizar, dónde la vas a utilizar, las armas tienen nombre y apellido, controlan en qué momento lo usaste, el horario», precisó, garantizando que el proceso estará protegido y monitoreado tecnológicamente.
Además de la Ley de armas menos letales, Mansilla aprovechó la oportunidad para ratificar su compromiso con otros dos proyectos de ley de su autoría que buscan mayor transparencia y eficiencia en la administración pública: el establecimiento del narcotest y psicofísico obligatorio para funcionarios, y la eliminación de la feria judicial.
Sobre la iniciativa de salud para el sector público, la legisladora fue contundente: «Los que tenemos la posibilidad, que tenemos función pública, que tenemos que dar respuesta a la sociedad, creo que la sociedad merece saber si todos los que estamos con un cargo público, con un cargo político, estamos capacitados para afrontar las responsabilidades que tenemos».
Por otro lado, al referirse a la eliminación del receso judicial, Mansilla argumentó que la justicia es un «servicio esencial» que no puede verse interrumpido. «Si estamos hablando del presupuesto, creo que nada. Solamente hay que arbitrar los medios de poder reglamentar cómo se toman las licencias todos los empleados», aclaró, insistiendo en que la digitalización actual de los expedientes torna obsoleta la antigua práctica de cerrar los juzgados.
Con la reciente aprobación de la ley de armas, Río Negro se posiciona como una de las pocas provincias en formalizar este marco normativo a través de la legislatura, marcando un precedente que, según Mansilla, es un «buen paso» hacia la modernización de las instituciones locales.