En un reciente pronunciamiento que marca un precedente sobre las condiciones de detención, la Justicia de Ejecución Penal ha dado la razón a Rubén Ángel Muñoz, confirmando que el interno ha sido sometido a condiciones de vida que vulneran su dignidad.
El fallo, fechado el pasado 29 de mayo de 2026 en General Roca, surge a partir de un oficio derivado del EEP4, en el cual se expuso la situación de precariedad en la que se encontraba Muñoz. Ante la evidencia, el magistrado interviniente determinó que se estaban afectando las «condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad» del detenido.
La resolución ordena explícitamente a la Dirección del Establecimiento Penal N° 4 que, en un plazo no mayor a 72 horas hábiles, proceda a la restitución e instalación de una cama individual reglamentaria, acompañada de su respectivo colchón e indumentaria de cama.
El magistrado fue enfático respecto a posibles argumentos de seguridad que pudieran esgrimirse para negar este derecho básico. En caso de persistir temores sobre el uso indebido del mobiliario, la Justicia instruyó a la dirección del penal a realizar las obras de infraestructura necesarias (como el anclaje seguro y definitivo de los elementos), pero bajo ninguna circunstancia se podrá vulnerar el «derecho al descanso en condiciones dignas de habitabilidad».
Además de la restitución del mobiliario, el juzgado solicitó a las autoridades penitenciarias un informe detallado sobre las horas de patio que recibe el resto de la población carcelaria. Este pedido exige el acompañamiento del cronograma horario vigente, detallado por cada pabellón, con el objetivo de verificar si el trato dispensado a Muñoz se ajusta a los estándares aplicables al resto de los internos.
Tras conocerse la resolución, el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro emitió un contundente comunicado bajo el título: «La Justicia le dio la razón a Rubén Muñoz».
Desde la organización, subrayaron que este fallo pone un freno a las versiones que intentan invisibilizar la problemática, declarando que: «mientras algunos intentan negar los hechos, las resoluciones judiciales hablan por sí solas». Para el Consejo, esta sentencia no es solo una victoria particular, sino un llamado de atención necesario sobre el respeto a los derechos humanos dentro de las instituciones carcelarias de la provincia.