Ante el trágico caso de Agostina Vega, la maquinaria discursiva de la izquierda ha vuelto a ponerse en marcha. Myriam Bregman, una de las figuras más vocales del Frente de Izquierda, se puso a la cabeza del reclamo, exigiendo «basta de violencia machista» y convocando a movilizaciones masivas bajo la consigna «Ni Una Menos». Sin embargo, lo que para algunos es un acto de solidaridad, para otros se revela como un ejercicio de hipocresía política que ignora deliberadamente el peso de sus propias decisiones en el Congreso.
La indignación de Bregman ante los medios de comunicación contrasta violentamente con su historial parlamentario. Mientras convoca a las mujeres a las calles para exigir justicia, la realidad es que, desde su banca, ha trabajado activamente para evitar que los agresores y abusadores enfrenten consecuencias penales más severas.
¿Cómo se explica que quien lidera una movilización contra la violencia sea la misma persona que votó en contra de la prisión efectiva para abusadores? La respuesta de Bregman y su espacio suele refugiarse en el garantismo ideológico, una postura que, en la práctica, termina protegiendo al victimario bajo el pretexto de evitar el «punitivismo». Para las víctimas y sus familias, este argumento resulta no solo insuficiente, sino profundamente revictimizante: mientras el discurso busca capitalizar el dolor social, el voto legislativo le quita herramientas al Estado para apartar de la sociedad a individuos peligrosos.
La contradicción se agudiza al analizar su férrea oposición al Registro Nacional de Violadores. Bregman ha desestimado esta herramienta bajo el argumento de la estigmatización y la supuesta ineficacia. Esta postura ignora deliberadamente una demanda ciudadana elemental: el derecho a la seguridad y a la información sobre quienes representan un peligro reincidente.
Al bloquear estas iniciativas, Bregman parece priorizar una pureza ideológica abstracta por encima de la integridad física de las mujeres que dice defender. ¿De qué sirve la movilización callejera si, al momento de legislar, las acciones concretas se traducen en barreras para el castigo efectivo y la prevención?
Lo que hoy queda en evidencia es una peligrosa disociación. El «Ni Una Menos» parece haberse convertido, en el caso de la dirigente, en un eslogan de campaña carente de respaldo legislativo. Exigir justicia por Agostina Vega y, simultáneamente, sostener una postura que dificulta la aplicación de penas severas a violadores es un equilibrio imposible que solo se sostiene si se ignora el historial de la propia dirigente.
La sociedad argentina se enfrenta hoy a una pregunta incómoda: ¿puede una figura política ser considerada una aliada en la lucha contra la violencia machista cuando, con su firma y su voto, ha impedido que el sistema penal aplique el rigor necesario contra los victimarios? La movilización de este miércoles no debería ser solo una protesta, sino un ejercicio de memoria sobre quién es quién a la hora de transformar los discursos en leyes protectoras.
La coherencia no admite matices: el feminismo que se dice «radical» pierde toda su fuerza cuando, al final del día, elige proteger las garantías de los agresores antes que la seguridad de las mujeres.