El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro ha encendido las alarmas sobre las condiciones de detención en el Penal 4, conocido popularmente como “Ex Maruchito”. En las últimas horas, una presentación judicial formal apuntó directamente contra la máxima autoridad del establecimiento carcelario, reavivando el debate sobre los derechos humanos en el sistema penitenciario provincial.
El Dr. Walter Carrasco, abogado defensor del referente policial Rubén Muñoz, se presentó ante la fiscalía de turno para radicar una denuncia penal contra Pedro Aedo, director de la mencionada unidad de detención. La acusación que pesa sobre el funcionario es por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal Argentino.
Según lo expresado por la defensa y respaldado por el Consejo de Bienestar, la presentación judicial no busca privilegios, sino el cumplimiento de las garantías fundamentales que el Estado debe asegurar a cualquier ciudadano bajo su custodia.
Entre las irregularidades más graves que motivaron la denuncia, se destacan:
- Falta de mobiliario básico: Se denunció que Muñoz continúa pernoctando sin acceso a una cama, una condición que vulnera los estándares internacionales de detención.
- Restricción de derechos fundamentales: El interno no estaría gozando de los horarios adecuados de esparcimiento y recreación al aire libre.
- Trato indigno: Desde el entorno del detenido aseguran que se están vulnerando sistemáticamente las condiciones mínimas de habitabilidad.
Desde el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario emitieron un tajante comunicado bajo la consigna «La dignidad no se negocia», exigiendo la inmediata intervención de los organismos de control y de la Justicia para revertir esta situación de manera urgente.
«La presentación busca garantizar derechos mínimos e indispensables que deben ser respetados para cualquier persona privada de su libertad», manifestaron desde la organización, argumentando que las falencias señaladas exceden la lógica de la privación de la libertad y se transforman en un castigo ilegal.
Ahora, la fiscalía en turno deberá evaluar las pruebas presentadas por el Dr. Carrasco y determinar si el director Pedro Aedo incurrió en un delito penal por omisión o acción directa en el ejercicio de su cargo. Se esperan definiciones judiciales y posibles inspecciones oculares en el Penal 4 para constatar el estado real de detención de Muñoz en las próximas horas.