VIEDMA — La historia de esta mujer refleja una realidad que atraviesan cientos de familias en la región. Vecina de Viedma, docente en formación y sostén de familia de sus hijas, hizo pública su situación a través de las redes sociales tras una década y media de obstáculos judiciales, vacíos legales y una absoluta ausencia de respuesta por parte del padre de las menores.
Una ausencia de años y trabas burocráticas
El calvario comenzó hace 12 años, cuando se separó tras una relación de una década. Desde entonces, el paradero del progenitor se tornó esquivo: cambio constante de líneas telefónicas, domicilios inexistentes y ausencias sistemáticas a cada instancia de mediación citada por la Justicia.
En 2002 —en el marco de un intento inicial donde se había fijado una cuota simbólica que jamás se abonó— el proceso quedó paralizado. El principal escollo con el que choca Belén en los tribunales es la imposibilidad de avanzar sin el domicilio actual del demandado.
Recientemente, gracias a la repercusión de su publicación en Facebook, logró obtener datos que ubicarían al hombre en la localidad bonaerense de Quilmes, además de conseguir un domicilio laboral y tres testigos clave. Con esta nueva información, intentará esta semana destrabar el expediente judicial que, al ser llevado adelante mediante la asesoría legal gratuita del Estado, suele sumar demoras de entre uno y tres años.
Jornadas sin descanso para sostener el hogar
Para cubrir los gastos de alquiler y alimentación, la mujer multiplicó sus esfuerzos laborales hasta el agotamiento, resignando tiempo con sus hijas:
- De lunes a viernes: Trabaja como docente (le restan solo tres materias para recibirse oficialmente).
- Sábados y domingos: Cumple extensas jornadas en una panadería de Viedma (9 horas el sábado y 12 el domingo).
- Ocasionalmente (jueves y viernes): Suma horas en la atención al público de un bar para redondear sus ingresos.
A pesar de este ritmo extenuante, la precarización salarial docente —donde percibe cifras muy por debajo del costo de vida— obliga a que sean sus propios padres quienes funcionen como red de contención económica y afectiva, aportando los recursos básicos para la subsistencia de las niñas y ayudando a cubrir el alquiler mensual.
Más allá de la cuota: vivienda y resiliencia
Además de la batalla legal por los alimentos, esta vecina lleva adelante una larga espera habitacional. Se encuentra inscripta desde hace 14 años en el Instituto de Promoción de la Vivienda (IPPV) y actualmente actualiza sus datos para acceder al programa de suelo urbano, con la esperanza de conseguir un hogar definitivo.
Lejos de bajar los brazos, y respaldada firmemente por su familia y un círculo de amistades que la impulsan a continuar, la mujer se prepara para rendir los últimos tramos de su carrera en diciembre y no claudica en su exigencia más justa: que la Justicia actúe con celeridad y que el padre de sus hijas asuma, de una vez por todas, la responsabilidad económica que le corresponde por ley.