En un nuevo avance del Estado sobre la libertad individual, Juntos Somos Rio Negro y la falsa oposición buscan aprobar un paquete de regulaciones y multas millonarias para cualquiera que pretenda disponer libremente de su propia casa o departamento.
Mañana, miércoles 8 de septiembre, el Concejo Deliberante de Viedma se prepara para consumar un durísimo golpe al derecho de propiedad. Bajo el gastado pretexto de «ordenar la oferta», la sesión legislativa tratará la segunda vuelta de la modificación a la Ordenanza N° 8843, un mecanismo diseñado con un único fin real: ahogar a los propietarios a fuerza de burocracia, inspecciones y sanciones asfixiantes.
La iniciativa, impulsada y defendida en el recinto por la edil Evelyn Rousiot (Nos Une Río Negro), ya consiguió la aprobación en primera lectura en el mes de julio gracias a la mayoría automática del recinto. La única voz firme en oponerse a este avasallamiento fue la concejal libertaria Ivi Franco, quien rechazó la avanzada estatal sobre el sector privado.
La trampa burocrática: habilitaciones, libros e inspecciones
La norma pone en la mira a quienes alquilan casas o departamentos con fines turísticos en Viedma y El Cóndor. Si un vecino posee cuatro o más unidades en un mismo terreno, el Municipio no lo considerará un ciudadano haciendo frutos de su esfuerzo, sino una entidad obligada a tramitar una habilitación comercial formal.
Para aquellos que solo pretendan alquilar un espacio de su propiedad a través de redes sociales o plataformas digitales, las exigencias no dan tregua:
- Matriculaciones obligatorias: Presentación de certificados de gas y electricidad firmados por profesionales matriculados (un costo extra que sale directamente del bolsillo del propietario).
- Aparato registral: Obligatoriedad de llevar un «libro de entrada y salida de huéspedes», un «libro de quejas» a disposición y la notificación constante de la cantidad exacta de ocupantes.
- Persecución digital: Exponer las propiedades en redes sociales o sitios web sin estar anotado en el padrón oficial será considerado una infracción grave, entre otras.
Curiosamente, la propia concejal admitió que estas medidas no alcanzan a los grandes hoteles ni a los complejos construidos exclusivamente para tal fin. El foco del Municipio no está en las grandes infraestructuras, sino en el vecino común, la familia o el pequeño ahorrista que busca amortiguar la crisis ofreciendo su casa en internet y que ahora pasará a ser «estadística oficial» e insumo tributario.
Un voraz fin recaudatorio: multas de hasta $800.000
Detrás del discurso de la «seguridad» y la «regularización» se esconde la verdadera cara del proyecto: la recaudación fiscal. Aquellos propietarios que no se sometan al control municipal o incumplan con la interminable lista de requisitos deberán enfrentar castigos económicos feroces.
Las multas previstas oscilan entre las 100 y las 400 Unidades Fijas (UF). Teniendo en cuenta que apenas 100 UFs equivalen hoy a la friolera de $200.000, un vecino que decida disponer libremente de su inmueble sin pasar por el mostrador municipal podría ser sancionado con multas de hasta $800.000.
Esta ordenanza no busca proteger al turista ni beneficiar la economía local; busca someter la propiedad privada a los arbitrios de la inspección estatal. Mañana, el Concejo Deliberante decidirá si la libertad de disponer de lo propio sigue perteneciendo a los ciudadanos o si pasa a ser un privilegio fiscalizado y cobrado por la Municipalidad de Viedma.