La polémica por la ejecución y el posterior cobro de obras viales en General Roca escaló en las últimas horas durante un tenso encuentro realizado en el salón comunitario de la intersección de calles Líbano y Güemes. Vecinos de la zona, preocupados por el impacto económico que representa el pago de la obra de asfalto sobre sus ingresos, confrontaron duramente a autoridades municipales y ediles del oficialismo.
La convocatoria, impulsada inicialmente ante la inquietud por el costo de la obra en la calle Güemes, contó con la presencia de una nutrida delegación de funcionarios y concejales, entre ellos Juan Ismael Garabito, presidente del Concejo Deliberante, y el director de Asuntos Jurídicos, Juan Pablo Urquiaga.
Durante la asamblea, el malestar se hizo evidente. Los vecinos no solo cuestionaron el costo, sino que expresaron una férrea negativa a pagar el tributo. “Un jubilado no tiene un sueldo de quinientos mil pesos para pagar el asfalto. No quiero un plan de pagos, yo no quiero pagar”, sentenció una de las asistentes, reflejando el sentir de un sector que prioriza el gasto en salud ante las falencias de las obras sociales.
Uno de los puntos centrales del conflicto gira en torno a la transparencia. Múltiples asistentes denunciaron no haber sido notificados adecuadamente sobre la audiencia de oposición previa a la aprobación de la obra.
Ante estos planteos, el asesor legal del municipio, Juan Pablo Urquiaga, defendió el procedimiento. El funcionario argumentó que la gestión se ajusta a la normativa vigente, subrayando que la autonomía municipal faculta al Concejo Deliberante para fijar tasas y contribuciones destinadas al financiamiento de la infraestructura pública. “Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no se tomó ninguna medida violatoria a la ley”, sostuvo Urquiaga.
Por su parte, el concejal Nicolás Paschetta reconoció la difícil situación que atraviesan muchos jubilados y propuso avanzar en un esquema de facilidades de pago, una oferta que fue rechazada de plano por la mayoría de los presentes, quienes sostienen su negativa a afrontar el costo.
El conflicto de la calle Güemes es solo la punta del iceberg. Según se informó, el municipio contempla un plan para construir diez conectores viales en la ciudad. Paschetta aclaró que, para evitar un conflicto generalizado, se decidió que cada obra sea tratada y aprobada por el Concejo de manera particular y progresiva.
Hasta el momento, solo el conector de la calle Güemes cuenta con aprobación definitiva, mientras que los nueve restantes permanecen en comisión. La resolución de este conflicto dependerá de las próximas semanas, en las cuales el Concejo Deliberante deberá decidir si mantiene el esquema de cobro actual o si modifica los planes ante la creciente resistencia vecinal.
La asamblea dejó en evidencia una brecha significativa entre la necesidad de financiamiento de obra pública y la capacidad de pago de los ciudadanos, en un clima donde la desconfianza hacia las decisiones legislativas locales sigue en aumento.