Arroyo Seco, Santa Fe. La denuncia, realizada por el tío de los niños, expone un escenario de extrema vulnerabilidad y angustia. Según relata el familiar, los niños (un niño pequeño y una niña de 10 años con diagnóstico de autismo) vivían actualmente bajo el cuidado de su padre y su tío, debido a que la madre, presuntamente, habría hecho abandono de los mismos hace meses.
De acuerdo con el relato del tío, el último tiempo había representado un periodo de estabilización y progreso para los menores. Tras el abandono materno, los niños habían logrado retomar rutinas fundamentales para su desarrollo, incluyendo la integración en actividades deportivas: la niña en el Club Athletic y el niño en el Club Talleres.
“Ellos estaban muy bien con su papá, recuperándose de a poco y volviendo a sus actividades. Hoy, todo ese avance parece haberse desmoronado”, sostiene el familiar, quien asegura que la estabilidad emocional de los niños se encuentra gravemente comprometida por la drástica medida tomada.
El conflicto escaló este cuando, mediante una orden judicial, personal policial se presentó en el domicilio donde residían para trasladar a los menores. El testimonio subraya el impacto traumático del procedimiento: “Si escuchan al nene, él pide a gritos quedarse con su papá. Me decía: ‘Tío, vení conmigo’. Me partieron el alma”.
La preocupación central de la familia paterna radica en el bienestar de la niña de 10 años, dada su condición de salud, y en la presunta falta de vínculo que la madre habría demostrado durante los meses de ausencia. Asimismo, denuncian que la progenitora no habría intentado contacto ni asistencia durante este prolongado lapso, cuestionando la motivación detrás de este intempestivo requerimiento legal.
La familia paterna ha decidido hacer público este caso no solo como un desahogo ante la impotencia, sino con el objetivo de visibilizar lo que consideran un proceso judicial carente de perspectiva sobre el interés superior del niño.
Este caso plantea interrogantes urgentes sobre los protocolos de intervención en situaciones de vulnerabilidad familiar y la necesidad de que los procesos judiciales prioricen, ante todo, el bienestar emocional y la voluntad expresada por los propios menores, especialmente en contextos de fragilidad y discapacidad.