La carrera hacia la gobernación de Río Negro ha comenzado a calentar motores y, con ella, el escrutinio sobre el historial político de los aspirantes al sillón provincial. En esta ocasión, la mirada se ha posado sobre María Emilia Soria, intendente de General Roca, quien busca posicionarse como una opción electoral para el 2027.
Sin embargo, un archivo legislativo del año 2016 ha vuelto a tomar relevancia, generando incomodidad en el entorno de la dirigente. Se trata de la votación ocurrida el 23 de noviembre de ese año en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatió el Orden del Día N° 924, una iniciativa clave para modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
El núcleo de aquel debate era la eliminación de beneficios tales como salidas transitorias, semilibertad y libertad condicional para quienes hubieran sido condenados por delitos graves, garantizando así la cárcel efectiva para abusadores y otros criminales peligrosos.
Según los registros oficiales del Congreso de la Nación, María Emilia Soria emitió un voto negativo en dicha sesión. Este posicionamiento, alineado en aquel momento con sectores del kirchnerismo y bloques de la izquierda, es hoy el centro de las críticas de quienes consideran que dicha postura favoreció el garantismo penal extremo en detrimento de la protección de las víctimas.
Para sus detractores, este antecedente legislativo representa una contradicción directa con el discurso actual de Soria, quien en su plataforma política reciente apela a la defensa de derechos humanos y se autoproclama feminista.
«La sociedad se indigna ante la impunidad y la sensación de que las leyes amparan más al delincuente que a la víctima», señalan sectores críticos que cuestionan la coherencia de la dirigente. Aseguran que, mientras la intendente ensaya un perfil que busca captar al votante independiente y moderado, su historial en el Congreso demuestra una matriz ideológica que ella intenta matizar.
El resurgimiento de este debate no es casual en un contexto donde la seguridad es una de las principales demandas del electorado rionegrino. A esto se le suman otras críticas que sectores opositores dirigen a la gestión de Soria en el municipio de General Roca, centradas en la situación de las cuentas públicas locales.
Con este panorama, la intendente enfrenta el desafío de sostener su nueva narrativa política frente a un archivo que, para sus críticos, constituye la prueba irrefutable de su verdadera trayectoria ideológica. La pregunta que queda planteada, y que el electorado deberá responder, es qué peso tendrá este antecedente en su aspiración por llegar a la gobernación provincial.