La implementación del sistema de fotomultas en el partido ha pasado de ser una promesa de seguridad vial a un foco de tensión política. En los últimos días, la fisonomía de las principales arterias de la ciudad cambió con la instalación de los dispositivos, pero lo que debería ser un paso administrativo de rutina ha despertado suspicacias sobre los verdaderos motivos detrás de la celeridad del proyecto.
El sistema, gestionado en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ya cuenta con cámaras instaladas en tres sectores estratégicos donde el flujo vehicular es constante y, a menudo, excede los límites permitidos:
- Avenida de la Constitución: Específicamente en la zona del Parque Industrial (entre las calles Marcos Mora y Marcelino Crespo).
- Avenida Juan de la Piedra: En el tramo frente al Barrio Obrero, una zona crítica de egreso hacia la Ruta 3.
- Ex Ruta 3: En puntos de acceso clave que conectan el tránsito pesado con la zona urbana.
En estas áreas, los límites de velocidad oscilarán entre los 40 y 60 km/h. El mecanismo funcionará de manera automática: la infracción detectada será validada y la notificación llegará directamente al domicilio del titular del vehículo.
Oficialmente, la Municipalidad sostiene que el objetivo central es reducir la tasa de siniestralidad y ordenar el tránsito en puntos donde las velocidades máximas rara vez se respetan. Sin embargo, la narrativa en el Palacio Municipal es distinta.
Según trascendidos y comentarios que cobran fuerza en los pasillos de la comuna, existiría una «supuesta desesperación» por parte del Intendente Marino para lograr la aprobación final y activar el sistema lo antes posible. Esta urgencia ha generado dudas entre sectores de la oposición y los propios trabajadores municipales, quienes cuestionan si la prioridad es efectivamente la vida de los vecinos o si se trata de una medida para oxigenar las arcas públicas mediante la recaudación por multas.
Por ahora, el sistema se encuentra en fase de ajuste técnico y legal. Una vez operativo, Carmen de Patagones se sumará a la red de municipios bonaerenses que utilizan tecnología de fotomultas para el control vial. Resta ver si la gestión de Marino logra disipar las dudas sobre la «urgencia» del proyecto con una campaña de concientización clara o si la polémica seguirá creciendo a la par de las cámaras.