El fútbol argentino enfrenta uno de sus momentos más críticos en el plano judicial. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención inmediata del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga una presunta red de corrupción y lavado de dinero.
La investigación sostiene que, entre los años 2018 y 2026, se montó una estructura criminal destinada a defraudar sistemáticamente a la AFA. Según el dictamen fiscal, la entidad madre del fútbol nacional habría transferido más de 3.633 millones de pesos a un grupo de empresas (SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus) que estarían integradas por allegados directos y personas de confianza de Toviggino.
El modus operandi consistía en la emisión de facturas por servicios nunca prestados a la AFA. Una vez que el dinero ingresaba a estas sociedades, se realizaban maniobras de «facturación inter-bloque» para dificultar el rastreo de los fondos y simular operaciones legales, ocultando el destino final del capital.
El fiscal Simón también puso el foco en el patrimonio de los dirigentes. La justicia investiga la adquisición de 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades vinculadas al entorno de Toviggino, así como la presunta transferencia de fondos a sociedades constituidas en Estados Unidos que carecen de actividad comercial o empleados registrados.
Entre los implicados figuran también Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, vinculados a la propiedad de una lujosa casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, la cual ya es objeto de otra investigación en la justicia federal de Campana.
Si bien el pedido de detención fue rotundo, la causa atraviesa una complejidad jurisdiccional. El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, se encuentra de licencia, por lo que el expediente fue derivado al juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz.
En las últimas horas, trascendió que la justicia tucumana habría rechazado inicialmente el pedido de detención, lo que abre un escenario de conflicto de competencia que deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal. Mientras tanto, pesa sobre los dirigentes una inhibición general de bienes y restricciones para salir del país.
Esta nueva denuncia se suma al procesamiento previo que ambos arrastran por evasión fiscal y retención indebida de aportes, lo que deja a la actual conducción de la AFA en una situación de extrema debilidad institucional frente a los tribunales federales.