El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario ha hecho pública una grave denuncia presentada por Rubén Muñoz, alojado en el Penal N° 4, quien asegura ser víctima de un trato discriminatorio y de condiciones de detención que violan la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660).
En una nota dirigida al director del establecimiento, Pedro Aedo, Muñoz detalló las precarias condiciones en las que se encuentra desde hace 22 días, alojado en una celda destinada originalmente a visitas íntimas que no cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad.
El núcleo de la denuncia reside en la falta de servicios básicos. Según el escrito, la celda carece de calefacción adecuada, contando únicamente con un mechero conectado de forma precaria que «consume oxígeno y es altamente peligroso para la salud». Además, Muñoz señaló la ausencia de vidrios o material aislante en las ventanas, lo que lo expone a las bajas temperaturas de la región.
«La ley estipula que los locales deben estar en buen estado y la calefacción debe guardar relación con los factores climáticos. En mi caso, nada de esto se observa», denunció Muñoz.
El testimonio detalla dos incidentes de extrema tensión con el personal penitenciario. El primero habría ocurrido la primera noche de su ingreso, cuando un guardia, ante un pedido de Muñoz, habría reaccionado de forma violenta:
- Agresión física: Muñoz asegura haber recibido un golpe en el pecho por parte de un efectivo.
- Intimidación con armas: Tras la discusión, el denunciante afirma que varios guardias se acercaron a su ventana con armas largas, realizando maniobras de carga de forma amenazante.
Ante estos hechos, el interno solicitó formalmente el resguardo de las grabaciones de las cámaras de seguridad para sustentar una futura denuncia penal.
Otro punto de conflicto es la restricción del uso de un teléfono celular. Muñoz sostiene que, a pesar de haber adquirido un dispositivo que cumplía con los requisitos técnicos (sin cámaras), se le prohibió su ingreso bajo el argumento de una «orden superior» que le impide el acceso a redes sociales, algo que, según afirma, no figura en su condena.
El denunciante calificó esta medida como una violación al Artículo 164 de la Ley 24.660, el cual garantiza el derecho de los internos a estar informados a través de medios de comunicación social.
La nota concluye con un pedido de reunión urgente con el director Aedo y la exigencia de que el escrito sea elevado a la fiscalía de turno como una denuncia penal. Muñoz busca identificar a los responsables de lo que denomina «directivas ilegales» y un trato discriminatorio que afecta no solo su integridad, sino que podría generar reacciones en el resto de la población carcelaria.
Hasta el momento, las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial no han emitido un comunicado oficial respecto a las graves acusaciones vertidas por el referente del Consejo de Bienestar Policial.