A más de tres décadas del atentado que sacudió a la Argentina el 18 de julio de 1994, la investigación judicial suma piezas que podrían ser determinantes. Recientes declaraciones de exintegrantes del régimen iraní aportan una nueva luz sobre la planificación del ataque a la mutua judía.
La fiscalía, a cargo de Sebastián Basso, ha recibido información crítica proveniente de cuatro desertores iraníes actualmente radicados en Francia. Estos testigos han aportado documentación y testimonios que, según fuentes judiciales, consolidan la hipótesis de la responsabilidad de Teherán en el atentado.
Este avance no es menor, ya que los datos presentados:
- Respaldan la línea investigativa que sostuvo en su momento el fiscal Alberto Nisman.
- Vinculan directamente al régimen iraní con la logística y toma de decisiones previa al ataque.
- Podrían permitir nuevas instancias procesales contra los acusados que cuentan con alertas rojas de Interpol.
En paralelo a la búsqueda de los responsables materiales e intelectuales, la Justicia argentina mantiene abierta la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Este expediente, que nació de la denuncia presentada por Nisman en enero de 2015, investiga si dicho acuerdo representó un plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes sospechosos de organizar el ataque a cambio de beneficios comerciales.
Dato clave: La investigación judicial sigue vigente y los nuevos aportes provenientes de Francia podrían generar un efecto dominó en las causas conexas, reabriendo debates sobre la geopolítica del atentado.
A 30 años del peor ataque terrorista en la historia del país, la causa AMIA sigue siendo una herida abierta. Con estos nuevos elementos, la justicia busca romper el estancamiento histórico y avanzar hacia una resolución que brinde respuestas definitivas a las víctimas y sus familiares.