En una jornada cargada de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Un reclamo de justicia que finalmente encuentra eco en las instituciones.
El recinto de la Cámara de Diputados fue testigo este jueves de un giro fundamental en la política de seguridad y justicia de la Argentina. Con 149 votos a favor y 100 en contra, el oficialismo, junto a bloques aliados y dialoguistas, logró la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que ahora se traslada al Senado, representa la respuesta legislativa más contundente de las últimas décadas frente al delito cometido por menores de edad.
La sesión, que se extendió por más de ocho horas, estuvo marcada por una atmósfera de profunda emotividad. Desde los balcones, familiares de víctimas (entre ellos la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en Santa Fe por un grupo de menores) siguieron el debate con la expectativa de quienes llevan años esperando que el Estado deje de mirar hacia otro lado.
El proyecto aprobado introduce cambios estructurales que buscan modernizar un régimen que databa de 1980:
- Baja de la edad de imputabilidad: Se establece en 14 años para delitos graves.
- Resocialización real: La norma prohíbe expresamente que los menores sean alojados en establecimientos para adultos, exigiendo centros especializados con programas educativos y de salud mental.
- Inversión garantizada: Se asignaron más de $23.000 millones para infraestructura y personal capacitado, asegurando que la ley no sea solo una declaración de principios, sino una política con recursos.
- Penas proporcionales: Se fijó un máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves cometidos por adolescentes.
A pesar del rechazo de los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el Gobierno logró amalgamar el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y sectores de Provincias Unidas. Este consenso refleja un cambio de paradigma en la sociedad argentina, donde la demanda por «impunidad cero» ha ganado terreno frente a las posturas que se oponían a cualquier modificación del sistema vigente.
Es un día histórico, afirmaron desde el entorno de las asociaciones de víctimas. Para muchos, esta media sanción es el primer paso para dejar atrás un sistema que funcionaba como una «puerta giratoria» y empezar a construir una justicia que proteja a los ciudadanos honestos mientras intenta rescatar a los jóvenes del circuito delictivo.
Con el impulso de este triunfo parlamentario, el oficialismo espera que el Senado dé el tratamiento definitivo antes de que termine febrero. De convertirse en ley, la Argentina contará con una herramienta moderna para enfrentar uno de los desafíos más complejos de la seguridad ciudadana, priorizando el derecho de las víctimas y la reconstrucción del orden social.