A más de una década del hallazgo del cuerpo del fiscal en la torre Le Parc, la causa judicial permanece estancada en la etapa de instrucción. Entre el pedido de justicia y el peso del olvido político, Argentina recuerda el hecho que cambió el tablero institucional del país.
Once años han pasado desde aquel domingo caluroso de 2015 en el que el nombre de Alberto Nisman pasó de los expedientes judiciales a las crónicas policiales y el luto nacional. Hoy, el departamento 13 del complejo Le Parc en Puerto Madero es un eco de un pasado que la justicia argentina aún no logra procesar del todo.
A 11 años del suceso, la carátula oficial de la justicia federal sigue siendo homicidio simple, una determinación que la Cámara Federal confirmó en 2018 basándose en el peritaje de la Gendarmería Nacional. Según esta línea investigativa, Nisman fue asesinado por dos personas que ingresaron a su vivienda, lo golpearon, lo llevaron al baño y le dispararon, simulando un suicidio.
Sin embargo, el avance real hacia un juicio oral es casi nulo. A pesar de que el técnico informático Diego Lagomarsino sigue procesado como partícipe necesario (por haber entregado el arma Bersa .22) y los custodios por incumplimiento de deberes, la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿Quién apretó el gatillo y quién dio la orden?
El aniversario número 11 encuentra a la sociedad en un contexto político distinto, pero con las mismas dudas estructurales:
- La denuncia contra el Pacto con Irán: Cuatro días antes de morir, Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por un presunto plan de impunidad para los sospechosos del atentado a la AMIA.
- El peritaje en disputa: Mientras la Gendarmería sostiene la tesis del asesinato, peritos de parte y otros estudios previos hablaban de una «muerte dudosa» o suicidio inducido, alimentando una grieta técnica que parece insalvable.
- El factor espionaje: La presencia de agentes de inteligencia en los alrededores de la zona y las comunicaciones frenéticas entre espías aquel fin de semana siguen siendo el eslabón perdido de la causa.
Para gran parte de la comunidad internacional y la dirigencia local de la oposición, el caso Nisman es el «Atentado 86» (en relación a las 85 víctimas de la AMIA). Es el recordatorio de que en Argentina, la intersección entre el poder político, los servicios de inteligencia y el Poder Judicial suele ser un territorio donde la verdad se pierde en la niebla.
«La falta de resolución en el caso Nisman no es solo una deuda con su familia, es un mensaje de fragilidad para cualquier magistrado que decida investigar al poder», señaló un referente de la asociación de fiscales en un acto conmemorativo esta mañana.
Como cada 18 de enero, se esperan homenajes discretos frente a la sede de la AMIA y en el cementerio de La Tablada. El clima este año es de una resignación silenciosa. Con el paso del tiempo, el riesgo de que la causa Nisman termine en el archivo de la impunidad histórica argentina es más real que nunca.
A 11 años, la pregunta sigue flotando en el aire de Buenos Aires: ¿Podrá alguna vez la justicia reconstruir lo que pasó en aquel baño de Puerto Madero, o quedará la muerte de Alberto Nisman como el misterio definitivo del siglo XXI argentino?