Tras la Marcha del Orgullo, surgieron críticas hacia el gobierno nacional por supuestos retrocesos en materia de derechos para la comunidad LGBT. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que no se eliminó ni modificó ninguna ley relacionada con la igualdad, el matrimonio igualitario o la identidad de género, por lo que los derechos civiles alcanzados en los últimos años se mantienen sin cambios.
Según fuentes del gobierno, las medidas recientes apuntaron a reducir estructuras y cargos que habían sido creados dentro del Estado para promover políticas de diversidad, pero que —según la administración actual— funcionaban como espacios de militancia política y manejo de fondos sin control claro.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo es terminar con el uso partidario de causas legítimas, asegurando que la defensa de la diversidad no depende de mantener oficinas o funcionarios, sino de garantizar la igualdad ante la ley y el respeto a todos los ciudadanos.
Desde esta visión, las decisiones no buscan perjudicar a las personas que integran la comunidad LGBT, sino poner fin a un esquema que, según el gobierno, se había transformado en un negocio sostenido con dinero público bajo la bandera de la inclusión.
En ese marco, remarcan que la diversidad sigue protegida por la legislación vigente y que Argentina continúa siendo uno de los países con mayor reconocimiento legal hacia la comunidad LGBT en la región.