El expediente busca determinar si el expresidente prolongó las restricciones sanitarias por motivos políticos y no estrictamente sanitarios.
La Justicia federal resolvió continuar con la investigación contra el expresidente Alberto Fernández por la extensión de la cuarentena durante la pandemia de COVID-19. El expediente apunta a determinar si la decisión de mantener las restricciones respondió a criterios sanitarios o si hubo motivaciones políticas detrás de las medidas.
El fallo rechaza los planteos de sobreseimiento presentados por la defensa y ordena nuevas medidas de prueba. Según fuentes judiciales, el tribunal considera que aún resta esclarecer el proceso de toma de decisiones durante el confinamiento, especialmente en los períodos en los que la situación epidemiológica mostraba signos de mejora.
Entre los puntos bajo análisis se encuentra el uso de los decretos de necesidad y urgencia que prorrogaban el aislamiento obligatorio, y la falta de participación del Congreso en la discusión de las medidas. La causa también busca establecer si existieron informes técnicos que justificaran la continuidad del cierre de actividades en determinados momentos.
Los investigadores sostienen que el caso no apunta a cuestionar la emergencia sanitaria en sí misma, sino a determinar si se utilizaron facultades excepcionales más allá del marco legal permitido. En ese sentido, la fiscalía solicitó informes del Ministerio de Salud y citaciones a exfuncionarios que participaron del Comité de Expertos que asesoraba al Ejecutivo.
Desde el entorno del expresidente aseguraron que todas las decisiones fueron adoptadas con base en evidencia científica y en consulta permanente con las autoridades sanitarias. Afirmaron además que la prioridad siempre fue “preservar la vida y la salud de la población”.
En paralelo, sectores de la oposición celebraron la continuidad del expediente y consideraron que se trata de “un paso necesario para revisar el uso del poder durante la emergencia”.
La causa seguirá su curso en los tribunales federales, donde se prevé que en los próximos meses se incorporen peritajes técnicos y declaraciones de exfuncionarios para definir si hubo o no abuso de autoridad durante la gestión de la pandemia.